El alquiler de las habitaciones turísticas en el mismo hogar que se reside pasa a ser ilegal en Barcelona a partir de hoy. El Ayuntamiento decide así suspender por un año la regularización de esta actividad hasta que se desarrolle una normativa municipal al respecto.
Después de unos cuantos años en un limbo legal, el decreto de turismo aprobado por la Generalitat a principios de agosto debía poner orden en esta práctica. El Govern pretendía pasar la pelota a los ayuntamientos para que desarrollasen ellos una normativa municipal propia, sin embargo, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, esperar hasta que estén claras las reglas del juego y evitar que la cosa se descontrole.
De esta manera, durante un año, nadie podrá pedir la habilitación municipal para compartir la vivienda con turistas. No lo podrán hacer los propietarios de apartamentos turísticos que quisieran aprovechar esta vía de manera irregular para camuflar su actividad ilegal, pero tampoco aquellas personas que abren las puertas de sus casas para completar su sueldo o suplir la falta de él.
La batalla contra las viviendas turísticas que han desatado durante los últimos años algunos de los principales ayuntamientos de España tiene como principal objetivo frenar lo que consideran una competencia desleal hacia el sector hotelero, y parece estar dando resultados. En concreto, la decisión del Consistorio liderado por Ada Colau de prohibir los pisos turísticos en el centro de Barcelona ha supuesto un descenso del 11% en la oferta de este tipo de alojamiento.
«Nos blindamos y no nos arriesgamos a posibles recursos contenciosos, porque hay dudas sobre si al largo del año que dispone el Ayuntamiento para hacer la regulación pueden ya operar o no”, justificó Sanz, que habló reiteradamente de una “suspensión de licencias”, si bien el alquiler de habitaciones no requerirá licencia, sino simplemente una declaración responsable del residente y la correspondiente habilitación del Ayuntamiento.
También se verán congelados los permisos para la realización de obras si tienen como finalidad la conversión en una vivienda compartida de alquiler turístico.
El año de parálisis de estos permisos lo deberá aprovechar el gobierno municipal para redactar las ordenanzas que correspondan y un plan especial en el que se desarrolle la normativa municipal amparada en el nuevo reglamento autonómico. Si con un año no es suficiente, puede prorrogarse a otro más. Si se tiene antes, se desbloqueará la situación en cuanto esté en vigor. De hecho, no debería tardar tanto, los técnicos llevan ya tiempo trabajando en ello e incluso han intercambiado impresiones en un grupo de trabajo europeo con otras ciudades como París y Berlín, donde ya está regulada esta modalidad.
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