En estas últimas semanas se ha hecho especial hincapié en la capacidad de vigilancia epidemiológica de las comunidades autónomas. Los rastreadores contratados para hacer frente al aumento de rebrotes son insuficientes y la coordinación entre las regiones para supervisar el desplazamiento de los contagiados es lenta, lo que propicia el riesgo de portar el virus a otra comunidad receptora.
No obstante, hay otro asunto que preocupa de forma generalizada a los equipos de rastreo y que puede echar por tierra el trabajo de semanas: la insumisión hacia el aislamiento domiciliario que solicitan a los casos positivos en COVID-19 y a sus contactos estrechos.
Ante este hecho, Fernando Simón alertó el lunes 27 de julio en rueda de prensa: «No es lo mismo quien justifique el incumplimiento de la cuarentena por motivos laborales que quienes no lo hacen porque directamente no quieren». El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado que según el protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad, la mera sospecha de contagio es suficiente para poner en marcha el rastreo y hacer una PCR a los contactos identificados. Los individuos deberán cumplir una cuarentena aunque no sepan aún los resultados de sus pruebas. Es decir, no pueden salir del domicilio durante al menos diez días para evitar que expandan el virus, ya que muchos de los infectados son asintomáticos o pasan la enfermedad de una forma leve
Pero, ¿qué ocurre cuando no acatan las recomendaciones sanitarias? Algunos rastreadores se han encontrado con este problema, situación que ha empeorado en las últimas semanas con la temporada de vacaciones y la bajada de la media de edad en las personas contagiadas.
En diversas Comunidades Autónomas se está barajando la sanción mediante multas a las personas que se saltan el confinamiento de forma voluntaria. El primer territorio que anunció sanciones económicas por romper el confinamiento fue Murcia. La región, azotada por importantes brotes como el de Totana, Lorca o Mazarrón, multará hasta con 600.000 euros a quienes incumplan el aislamiento aunque no hayan dado positivo en COVID-19 pero sean contactos directos de un enfermo confirmado. Para ello, el gobierno murciano ha establecido una línea de comunicación directa entre los inspectores de la Consejería de Sanidad y los agentes de la Policía y la Guardia Civil.
Otras comunidades, como Castilla-La Mancha no se plantea multar a las personas que se nieguen a realizarse un test PCR o a aislarse en caso de dar positivo por COVID-19, sino que, según fuentes de la Consejería de Sanidad, se recurre a al Juzgado de Guardia correspondiente en cada provincia para que emita una orden judicial.
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