La jueza Beatriz Biedma avanza en el caso de prevaricación y tráfico de influencias
Contexto de la investigación
La jueza Beatriz Biedma ha decidido continuar con el procedimiento judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. Esta decisión se basa en la existencia de indicios de delito relacionados con la contratación de David Sánchez como coordinador de conservatorios en 2017.
La magistrada ha señalado que hay pruebas suficientes que sugieren que la contratación fue irregular, lo que ha llevado a la imputación de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Detalles de la imputación
En un auto judicial de 70 páginas, Biedma expone que David Sánchez tenía conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios había sido creado específicamente para él.
Según la jueza, esto se evidencia en la forma en que se llevó a cabo el proceso de selección, donde se simuló una legalidad formal. Además, se ha mencionado un correo electrónico entre los directores de conservatorios de Badajoz, titulado «El hermanísimo», que sugiere que la decisión de adjudicar el puesto a David Sánchez ya estaba tomada antes de que se formalizara el procedimiento administrativo.
Implicaciones éticas y legales
Biedma ha enfatizado que no se puede permitir que una persona, independientemente de su relación familiar con figuras políticas, utilice recursos públicos para avanzar en su carrera profesional a expensas de otros candidatos más capacitados. Esta situación plantea serias preguntas sobre la ética en la administración pública y el uso de influencias en la contratación de personal. La jueza ha dejado claro que el auto de procesamiento, que es un paso previo a la apertura de juicio, puede ser recurrido, lo que añade otra capa de complejidad a este caso que ha captado la atención de los medios y del público en general.
