La exconsejera de Interior critica la inexactitud de la transcripción presentada en el caso de la DANA.
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Contexto de la declaración de Salomé Pradas
La exconsejera de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha presentado un escrito en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, donde se investiga la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).
En este documento, Pradas solicita que se deje sin efecto la transcripción de su declaración del pasado 11 de abril, argumentando que esta es «inexacta» y no refleja adecuadamente lo que expresó durante su comparecencia ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra.
Detalles de la declaración y su importancia
La defensa de Pradas sostiene que la transcripción actual no captura la complejidad y extensión de su declaración, que se prolongó por casi tres horas y abarcó alrededor de 140 preguntas. Según su defensa, el documento presentado es un «resumen» que no puede considerarse una transcripción fiel. Este nivel de detalle es crucial, dado que la investigación se centra en más de 200 homicidios por omisión relacionados con la gestión de emergencias durante la tragedia que ocurrió el 29 de octubre, cuando perdieron la vida 227 personas.
Implicaciones legales y responsabilidades
Durante su declaración, Pradas señaló a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por su actuación «negligente» durante la reunión de emergencia del Cecopi, el centro de coordinación operativo. Atribuyó la responsabilidad de las decisiones tomadas a los técnicos presentes en esa reunión y explicó que la alerta de ES-Alert se envió a la población siguiendo sus recomendaciones. La jueza ha acordado nuevas citaciones como testigos, incluyendo a varios alcaldes y altos cargos de Emergencias, lo que podría arrojar más luz sobre la gestión de la crisis.
Reacciones y próximos pasos en la investigación
A pesar de las solicitudes de la defensa de Pradas para que se imputen a otros responsables, la jueza ha decidido no hacerlo, argumentando que solo quien ostenta la condición de perjudicado puede legitimarse en su petición. Esto ha generado un debate sobre la responsabilidad en la gestión de emergencias y la necesidad de una transcripción precisa que respete el derecho de defensa. La situación sigue evolucionando, y se espera que las próximas comparecencias aporten más claridad sobre los hechos ocurridos durante la DANA.
