La resolución del juez anula el requerimiento del Ayuntamiento de Madrid sobre las obras realizadas.
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El reciente fallo del juez de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha generado un gran revuelo en el ámbito político y administrativo de la capital. La decisión judicial respalda las obras realizadas en el hogar de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, ubicadas en el centro de Madrid.
Este auto, al que tuvo acceso Europa Press, estima el recurso presentado por González Amador contra una resolución del Ayuntamiento que exigía la obtención de una licencia para las reformas.
Contexto de la resolución judicial
El magistrado ha considerado que la resolución emitida por el Coordinador del Distrito de Chamberí el 27 de mayo de 2024 no se ajusta a derecho.
Esta resolución requería a González Amador a solicitar una licencia en un plazo de dos meses, bajo la premisa de que las obras realizadas no cumplían con la normativa urbanística vigente. Sin embargo, el juez ha argumentado que las obras estaban amparadas por un régimen de declaración responsable, lo que exime a la pareja de la necesidad de solicitar una licencia formal.
Argumentos del juez y la defensa
El juez ha expuesto que la normativa urbanística permite la modificación de una declaración responsable, y ha señalado que el recurrente presentó una declaración que abarcaba todas las obras a realizar antes de la declaración de ineficacia. Esto contradice la postura del Ayuntamiento, que insistía en la necesidad de una licencia para las obras, a pesar de que estas no estaban incluidas en los artículos 152 y 160 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Implicaciones políticas y administrativas
La decisión del juez no solo tiene repercusiones legales, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión del Ayuntamiento de Madrid y su relación con la presidenta regional. La resolución ha sido interpretada por algunos como un respaldo a la legalidad de las acciones de Ayuso y su pareja, mientras que otros critican la falta de control en la realización de obras en propiedades de figuras públicas. Este caso podría sentar un precedente en la interpretación de la normativa urbanística y la aplicación de las declaraciones responsables en la Comunidad de Madrid.
En resumen, el fallo del juez ha dejado claro que las obras realizadas en la vivienda de Isabel Díaz Ayuso no requieren licencia, lo que podría tener un impacto significativo en futuras decisiones administrativas y en la percepción pública de la gestión urbanística en la capital.
