El contrato de 15 millones de balas genera tensiones en el Ejecutivo español.
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Un contrato polémico
La reciente compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil ha desatado una crisis en el Gobierno de coalición español. El contrato, que fue formalizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido objeto de críticas por parte de sus socios de gobierno, especialmente del partido Sumar.
Este conflicto surge en un contexto donde la Abogacía del Estado había recomendado no cancelar el acuerdo con la empresa israelí IMI, lo que ha llevado a un debate intenso sobre la política de defensa y el gasto militar en España.
Reacciones dentro del Gobierno
La situación se ha vuelto aún más complicada debido a la presentación del nuevo plan de rearme, que contempla un gasto de 10.500 millones de euros. La vicepresidenta Yolanda Díaz y su partido Sumar han utilizado este tema para marcar una diferencia con el PSOE, acusando a este último de ceder a las presiones bélicas. La tensión ha aumentado, ya que Sumar ha exigido explicaciones a Marlaska, quien ha sido el blanco de las críticas por su gestión en este asunto. La posibilidad de que algunos partidos, como Izquierda Unida, abandonen el Gobierno ha sido mencionada, lo que añade una capa de incertidumbre a la estabilidad del Ejecutivo.
Decisiones del presidente Sánchez
Ante la creciente presión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido directamente para intentar calmar la situación. Ha ordenado la cancelación del contrato con la empresa israelí, asumiendo las posibles consecuencias económicas y legales que esto pueda acarrear. Además, ha anunciado que se retirará la licencia para importar las balas, justificando esta decisión por «razones de interés general». Esta medida busca no solo apaciguar a sus socios de coalición, sino también a la opinión pública, que ha mostrado preocupación por el aumento del gasto militar y la relación con Israel.
El futuro de los contratos de defensa
A pesar de la cancelación del contrato, el partido Sumar ha advertido que aún quedan «ocho o nueve» contratos pendientes de adjudicación que podrían estar destinados a Israel. Esto ha generado un clima de vigilancia y desconfianza hacia el ministro Marlaska, quien deberá enfrentar un escrutinio constante por parte de sus socios. La situación actual refleja las tensiones inherentes a un Gobierno de coalición, donde las diferencias ideológicas pueden llevar a crisis significativas, especialmente en temas tan sensibles como la defensa y la política exterior.
