El Tribunal Supremo investiga posibles filtraciones de información confidencial en el caso del fiscal general.
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Contexto de la investigación
La reciente investigación liderada por el juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha puesto en el centro de atención el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este magistrado ha recibido información crucial de Google, solicitada a través de una petición enviada a Irlanda, relacionada con el móvil de García Ortiz, quien se encuentra imputado por un presunto delito de revelación de secretos.
La gravedad de las acusaciones ha llevado a la apertura de una pieza separada y secreta, donde la Guardia Civil se encargará de analizar una carpeta comprimida que contiene el material recibido.
Detalles de la solicitud de información
El juez Hurtado ha seguido las instrucciones de la Sala de lo Penal, que había solicitado información a García Ortiz. En este contexto, se ha citado a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, quien deberá comparecer como denunciante el próximo 23 de mayo. Esta comparecencia es un paso significativo en la investigación, ya que podría arrojar luz sobre las conexiones entre los implicados y el posible uso indebido de información confidencial.
Filtraciones y su impacto en la investigación
Uno de los puntos más críticos de la investigación es la sospecha de que el propio García Ortiz pudo haber filtrado correos internos relacionados con un procedimiento que investiga a González Amador por fraude fiscal. El juez ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice la información intercambiada entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que se habrían producido las filtraciones. La protección reforzada de la documentación es una medida cautelar que busca preservar la integridad de la investigación mientras se determina la veracidad de las acusaciones.
Implicaciones para la Fiscalía
La situación actual plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia dentro de la Fiscalía. La citación de peritos que firmaron el informe de la UCO, así como la imputación de la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, subraya la complejidad del caso. La Sala de lo Penal ha manifestado que no hay inconveniente en acceder a las peticiones de García Ortiz, lo que podría implicar un cambio en la dinámica de poder dentro de la Fiscalía y un examen más profundo de sus prácticas internas.
