El Gobierno español impulsa medidas para garantizar debates electorales y acceso a encuestas.

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Reforma electoral en España: nuevos debates y transparencia en encuestas
El Gobierno español ha presentado un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que busca fortalecer la democracia en el país. Esta reforma incluye dos medidas clave: la obligación de celebrar al menos un debate electoral en medios públicos y el acceso a los microdatos de las encuestas.
Estas modificaciones son parte del Plan de Acción por la Democracia, que tiene como objetivo promover la transparencia y la participación ciudadana en el proceso electoral.
Obligación de debates electorales en medios públicos
Una de las principales novedades de esta reforma es la obligación de que todos los candidatos de las fuerzas políticas que compiten en las elecciones participen en al menos un debate electoral en medios de comunicación públicos.
Esta medida busca evitar que los candidatos se escapen de la rendición de cuentas ante la ciudadanía, como ocurrió en las elecciones generales de 2023, donde algunos candidatos decidieron no asistir a debates importantes.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado que esta iniciativa es un «ejercicio de transparencia» y una forma de garantizar que todos los candidatos tengan la oportunidad de presentar sus propuestas y responder a las preguntas de los ciudadanos. La reforma también establece que los medios privados que decidan organizar debates deben seguir los mismos principios de pluralismo y neutralidad que rigen a los medios públicos.
Acceso a microdatos de encuestas
Otra de las medidas incluidas en el anteproyecto es la obligación de las empresas encuestadoras de proporcionar acceso a sus ficheros de microdatos. Esto significa que los datos individuales de las encuestas, que deben ser anonimizados para proteger la privacidad de los encuestados, estarán disponibles para la ciudadanía y las entidades interesadas. Esta medida busca aumentar la confianza en los resultados de las encuestas y permitir a los ciudadanos realizar sus propias estimaciones basadas en datos reales.
El Gobierno argumenta que el acceso a estos datos permitirá a los ciudadanos verificar la fiabilidad de las encuestas y fomentar un debate más informado sobre los resultados electorales. Sin embargo, la reforma no incluye la eliminación del veto a la publicación de encuestas en los cinco días previos a las elecciones, una medida que ha sido criticada por expertos en el ámbito electoral.
Reacciones y próximos pasos
La reforma aún debe pasar por varios procesos antes de convertirse en ley. Se espera que el texto sea revisado por los órganos consultivos y luego regrese al Consejo de Ministros para su aprobación final. A partir de ahí, se enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria. La respuesta de los partidos políticos y la sociedad civil será crucial para determinar el apoyo que recibirá esta reforma.
Mientras tanto, la discusión sobre la rebaja de la edad de voto a los 16 años, que ha sido promovida por algunos sectores, no ha sido incluida en este anteproyecto. El Gobierno ha dejado claro que esta cuestión no se ha abordado en el Consejo de Ministros, aunque sigue siendo un tema de debate en la agenda política.