La exconsellera Salomé Pradas declara sobre su papel en la crisis del 29 de octubre
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Contexto de la emergencia del 29 de octubre
El 29 de octubre de 2023, la Comunitat Valenciana se vio afectada por una fuerte dana que causó graves inundaciones y desbordamientos en varias localidades. Este evento meteorológico extremo puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y del Gobierno central.
En este contexto, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha sido llamada a declarar ante la jueza que investiga la gestión de la emergencia. Su testimonio ha generado un intenso debate sobre la eficacia de los protocolos de actuación establecidos y la responsabilidad de los distintos actores involucrados.
Declaraciones de Salomé Pradas
Durante su comparecencia, Pradas defendió su papel como meramente institucional, alegando que no contaba con los conocimientos técnicos necesarios para gestionar emergencias. Aseguró que la dirección del operativo estaba en manos de expertos y que su función se limitaba a coordinar con el Gobierno central. Esta declaración ha suscitado críticas, ya que muchos consideran que los responsables políticos deben tener un conocimiento básico sobre la gestión de crisis, especialmente en situaciones de emergencia.
El papel del Cecopi y la coordinación de emergencias
Pradas explicó que el Cecopi, el órgano de coordinación de emergencias, fue activado con un comité de dirección que incluía a representantes de la Generalitat y del Gobierno. Sin embargo, la jueza ha señalado que la activación del Cecopi se produjo de manera tardía, lo que podría haber contribuido a la falta de una respuesta efectiva. La exconsellera también mencionó que los planes de emergencia están diseñados para su aplicación automática, lo que plantea interrogantes sobre la preparación y la formación de los responsables en situaciones críticas.
Reacciones y consecuencias de la declaración
Las reacciones a las declaraciones de Pradas no se han hecho esperar. La Asociación Liberum, que actúa como acusación popular, ha solicitado que se investigue la posible falta de diligencia en la gestión de la emergencia. Además, se ha pedido que se certifique si el presidente del Gobierno convocó al Consejo de Seguridad Nacional y si se redactaron informes relacionados con la crisis. La investigación judicial sigue su curso, y la presión sobre los responsables políticos aumenta a medida que se revelan más detalles sobre la gestión de la emergencia.
