La Fiscalía de Menores se declara "no parte" en un caso que afecta derechos fundamentales.
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Un caso polémico en el British Council
La reciente expulsión de un menor del prestigioso British Council ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de casos disciplinarios en instituciones educativas. La Fiscalía de Menores, en un escrito dirigido a un juez, ha afirmado que «no es parte» en el procedimiento que afecta a los derechos fundamentales del estudiante, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre el proceso.
Este caso, que se investiga en el Juzgado número 3 de Madrid, ha puesto de relieve la necesidad de un marco claro y justo para la gestión de conflictos en el ámbito escolar.
Los hechos detrás de la expulsión
Los padres del menor han denunciado que la decisión de expulsar a su hijo fue arbitraria y que no se le permitió defenderse adecuadamente. Según la versión del colegio, la expulsión se debió a una supuesta agresión ocurrida en marzo de 2023, donde el menor habría agredido a otro alumno. Sin embargo, los padres han cuestionado la veracidad de esta versión, argumentando que no existe un expediente que respalde la decisión del colegio. La falta de documentación y el hecho de que no se haya abierto un expediente interno han llevado a los padres a solicitar una indemnización por daños morales y patrimoniales.
La respuesta del British Council
El British Council ha defendido su decisión, alegando que el menor acumuló un total de 23 faltas durante el curso escolar, que iban desde leves hasta muy graves. Sin embargo, los padres sostienen que no se les proporcionó la información necesaria para entender la gravedad de las acusaciones. La institución educativa ha indicado que se comunicaron con los padres tras cada incidente, pero la controversia ha surgido en torno a la falta de un expediente formal que documente las acusaciones y las sanciones impuestas. Este vacío en la documentación ha llevado a cuestionar la validez de la expulsión y la capacidad del colegio para manejar adecuadamente situaciones de conflicto.
Implicaciones legales y derechos del menor
La situación ha atraído la atención de las autoridades, ya que se investigan posibles delitos relacionados con el honor, la intimidad y los derechos fundamentales del menor, incluido su derecho a la educación. La Fiscalía de Menores ha tardado seis meses en pronunciarse sobre el caso, lo que ha generado críticas sobre la eficacia del sistema judicial en la protección de los derechos de los menores. La falta de acción rápida y decisiva en casos como este pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de protección para los estudiantes en situaciones similares.
