El Gobierno español implementa un decreto para abordar la crisis de menores migrantes.
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Contexto de la crisis migratoria en España
En los últimos años, España ha enfrentado un aumento significativo en la llegada de menores extranjeros no acompañados, especialmente en las Islas Canarias. Este fenómeno ha puesto a prueba el sistema de acogida y protección de estos menores, que requieren atención y recursos adecuados.
La situación se ha vuelto crítica, con centros de acogida que operan por encima de su capacidad, lo que ha llevado al Gobierno a tomar medidas urgentes.
El Real Decreto-ley 2/2025
El pasado miércoles, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 2/2025, que introduce cambios significativos en la Ley Orgánica 4/2000.
Este decreto tiene como objetivo garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Una de las principales novedades es que, si las comunidades autónomas no logran un acuerdo unánime sobre la distribución de menores, será el Gobierno quien asuma esta responsabilidad.
Criterios de distribución y situación de contingencia
El decreto establece criterios específicos para la distribución de menores, excluyendo a Melilla y las Islas Baleares debido a sus particularidades geográficas. Además, se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria en aquellas comunidades donde el sistema de protección supere tres veces su capacidad. Esto busca aliviar la presión sobre los centros de acogida, especialmente en regiones como Canarias, que han visto un aumento desproporcionado en la llegada de menores.
Reacciones políticas y desafíos legales
La respuesta de los gobiernos autonómicos, especialmente aquellos en manos del Partido Popular, ha sido de rechazo a esta reforma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado su intención de impugnar el decreto ante los tribunales y la Unión Europea. Por otro lado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido la medida, asegurando que el Gobierno no favorece ni perjudica a ninguna comunidad en particular.
El futuro de los menores no acompañados
El Gobierno se enfrenta a un desafío considerable en la implementación de estas nuevas medidas. La necesidad de certificar la situación de cada comunidad y la reubicación de los menores son pasos cruciales para garantizar su bienestar. Además, se establecerán procedimientos para determinar la edad de aquellos cuya minoría de edad no esté clara. A medida que se avanza en este proceso, la atención se centrará en asegurar que se cumplan los derechos de los menores y se les brinde la protección que necesitan.
