La Guardia Civil indaga en un contrato de dos millones de euros por comisiones ilegales
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Un escándalo que sacude la política almeriense
La reciente investigación de la Guardia Civil ha destapado un caso de corrupción en la Diputación de Almería, relacionado con la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Este caso, aunque menos mediático que otros escándalos, como el ‘caso Koldo’ o el ‘caso Mascarillas’, ha comenzado a tomar forma en los tribunales.
El foco de la investigación se centra en un contrato de dos millones de euros firmado en abril de 2020 con la empresa Azor Corporate Ibérica, cuyo director, Kilian López, es un amigo cercano del entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, del Partido Popular.
Detenciones y declaraciones judiciales
El 15 de junio de 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Liria en el marco de esta investigación. Recientemente, se han llevado a cabo las primeras declaraciones en sede judicial, donde Liria ha negado cualquier implicación en el cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, se estima que pudo haber recibido entre 200.000 y 400.000 euros en mordidas. Durante los registros en sus propiedades, los agentes encontraron sobres con dinero en efectivo, lo que ha incrementado las sospechas sobre su conducta.
La defensa de los implicados
En el contexto de la investigación, Kilian López ha defendido la legalidad del contrato adjudicado y ha negado haber pagado comisiones a funcionarios. Por otro lado, uno de los imputados, un agente de aduanas, ha declarado que su única relación con el caso fue la de realizar un encargo profesional para la importación de mascarillas. Su abogado sostiene que cumplió con todas las normativas y que su relación comercial con la Junta de Andalucía finalizó una vez completada la importación.
Implicaciones y futuro del caso
Este caso de adjudicaciones irregulares ha puesto en el punto de mira a un total de 17 personas, incluyendo a familiares de los implicados. La investigación se ha intensificado, y el juez ha citado a Fernando Giménez, actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, lo que sugiere que el escándalo podría extenderse aún más. La práctica de adjudicaciones de emergencia durante la pandemia ha sido común en la administración española, pero este caso pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión pública.
