La jueza reconoce la dificultad del caso y los retrasos en el proceso judicial
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La complejidad del caso Móstoles
La investigación sobre los contratos menores otorgados por el Ayuntamiento de Móstoles ha revelado una serie de complicaciones que han retrasado el proceso judicial. La jueza a cargo del caso ha admitido la «complejidad» de la causa, que se ha visto agravada por la extensión del sumario, que cuenta con casi 17.000 folios distribuidos en 31 tomos.
Este volumen de documentación ha llevado a la magistrada a solicitar un «plan de urgencia» para recibir apoyo en el juzgado, aunque su petición fue inicialmente rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Retrasos y justificaciones
La jueza ha expresado sus disculpas a las partes involucradas, reconociendo que las «dilaciones no deseadas» han sido consecuencia de múltiples factores.
Entre ellos, su propia baja médica prolongada, que se extendió desde febrero de 2022 hasta noviembre de 2023, y la carga de trabajo que enfrenta el juzgado. Además, la pandemia de Covid-19 ha añadido una capa adicional de complejidad a la situación, dificultando aún más el avance de la investigación.
Los contratos menores bajo la lupa
La investigación, que comenzó en 2019 tras la denuncia de dos extrabajadores de Hacienda, se centra en decenas de contratos menores que, según se alega, fueron fraccionados para eludir los requisitos de control. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha señalado que el Ayuntamiento de Móstoles dividió contratos para evitar la publicidad y la concurrencia necesarias en estos procesos. Se investigan contratos relacionados con obras en colegios, compras de material deportivo y adjudicaciones en comunicación, todos ellos por un valor total que asciende a cientos de miles de euros.
Implicaciones políticas y testimonios
El caso no solo involucra a funcionarios y contratistas, sino que también ha suscitado interrogantes sobre la implicación de figuras políticas locales. La exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha sido mencionada en testimonios que sugieren que instó a repartir fondos entre empresarios, lo que podría implicar responsabilidades civiles. Además, se han presentado alegaciones sobre la relación entre ciertos contratistas y miembros del Ayuntamiento, lo que ha llevado a un mayor escrutinio sobre la gestión de los recursos públicos en la localidad.
