Un fallo judicial destaca la importancia de criterios técnicos en la valoración de la discapacidad.
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El caso de la trabajadora y su lucha por el reconocimiento
El Juzgado de lo Social número 8 de Madrid ha dictado una sentencia a favor de una trabajadora que solicitó el reconocimiento de una discapacidad del 65%. A pesar de presentar informes médicos que respaldaban su solicitud, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid denegó su petición inicialmente, lo que llevó a la afectada a recurrir a la justicia.
La importancia de los informes médicos
La abogada de la trabajadora, Cristina Alonso, subraya que la clave del caso radica en la falta de respuesta adecuada por parte de la Administración. A pesar de que la trabajadora presentó su primera reclamación en enero de 2023, no fue hasta que se interpuso la demanda judicial que la Consejería respondió, concediendo solo un 49% de discapacidad, un porcentaje que no se ajusta a la gravedad de sus problemas de salud.
Patologías acreditadas y criterios técnicos
Entre las patologías que la trabajadora presenta se encuentran alteraciones en la columna cervical, discopatía degenerativa y dolor neuropático, entre otras. La legislación establece que la valoración de la discapacidad debe realizarse siguiendo criterios técnicos unificados, que no solo consideran las limitaciones médicas, sino también factores sociales como el entorno familiar y laboral. La falta de aplicación de estos criterios desde el inicio del proceso ha sido un punto crítico en este caso.
La sentencia y sus implicaciones
El magistrado Miguel Martín Lechón ha señalado que la Administración mostró una «latente falta de decisión» en el manejo del caso, lo que ha llevado a la sentencia a ordenar el reconocimiento de la discapacidad con carácter retroactivo desde la fecha de la primera solicitud. Este fallo no solo beneficia a la trabajadora afectada, sino que también establece un precedente importante sobre la necesidad de que las administraciones públicas actúen con diligencia y conforme a la ley.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la justicia social y la necesidad de que las instituciones reconozcan y respeten los derechos de las personas con discapacidad. La lucha de la trabajadora es un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, es posible alcanzar la justicia a través de los tribunales. La comunidad debe estar atenta a estos casos para asegurar que se respeten los derechos de todos, especialmente de aquellos que enfrentan dificultades significativas en su vida diaria.
