La IGAE investiga la fragmentación de contratos para eludir controles en Móstoles.
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La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), bajo el Ministerio de Hacienda, ha puesto en el punto de mira al Ayuntamiento de Móstoles por la presunta fragmentación de contratos menores. Esta práctica, según el organismo, se ha utilizado para eludir los requisitos de control establecidos por la normativa vigente.
La investigación se centra en varios contratos menores que están siendo analizados por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad.
Detalles de la investigación
La IGAE ha llegado a la conclusión de que los contratos adjudicados a dedo por la anterior corporación del PSOE presentan irregularidades significativas.
Entre los contratos en cuestión se encuentran aquellos destinados a la reforma de colegios, la compra de material deportivo y servicios de comunicación. Según los informes, se han adjudicado ocho contratos menores a diferentes empresas para la reparación de centros educativos, lo que ha sido calificado como un «fraccionamiento» para evitar la publicidad y el concurso público que deberían haber seguido.
Consecuencias de la fragmentación de contratos
Los contratos menores, que son aquellos cuyo valor no supera los 50.000 euros para obras y 15.000 euros para servicios, deberían haber sido licitados de manera conjunta. Al trocear estos contratos, el Ayuntamiento pudo adjudicarlos directamente a las empresas de su elección, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de los procesos de adjudicación. La IGAE ha señalado que esta práctica no solo infringe la normativa de contratación pública, sino que también socava los principios de publicidad y concurrencia.
Investigación de los beneficiarios
Entre los beneficiarios de estos contratos se encuentran dos empresarios, Alberto G. y David Z., quienes, según las investigaciones, recibieron más de 100 contratos por un valor total de 680.000 euros. La causa se inició tras la denuncia de dos antiguos trabajadores del Ayuntamiento que alertaron sobre estas irregularidades. Los informes indican que en el verano de 2016, se adjudicaron ocho contratos menores por casi 350.000 euros para remodelar colegios, lo que ha despertado la atención de las autoridades.
Implicaciones políticas y empresariales
La investigación también ha revelado conexiones entre algunos de los beneficiarios y figuras políticas del Ayuntamiento. Testigos han declarado que existía un interés por parte del exconcejal de Presidencia, Roberto Sánchez, en favorecer a Alberto G. y su entorno. Esta relación, que se remonta a su etapa en el Ayuntamiento de Getafe, plantea interrogantes sobre la ética y la legalidad de las decisiones tomadas en el ámbito municipal.
Conclusiones preliminares
La situación en el Ayuntamiento de Móstoles pone de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y control en la adjudicación de contratos públicos. La fragmentación de contratos menores no solo es una violación de la normativa, sino que también puede dar lugar a prácticas corruptas que afectan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. A medida que avanza la investigación, se espera que se tomen medidas para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión pública.
