La UCO investiga la adjudicación de contratos menores en el Ayuntamiento de Móstoles por más de 566.000 euros.
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Contexto de la investigación
El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, en Madrid, se encuentra en medio de una investigación que ha destapado un posible caso de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos menores por parte del anterior equipo de Gobierno del PSOE.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado recopilando información y testimonios durante más de seis años, lo que ha llevado a la declaración de la exalcaldesa Noelia Posse ante la jueza encargada del caso.
La investigación se centra en contratos de menos de 50.000 euros, que fueron otorgados para obras en colegios, equipamiento deportivo y tareas de comunicación.
Hasta el momento, se han identificado a 28 personas investigadas, incluyendo a tres antiguos concejales, lo que pone de manifiesto la magnitud del asunto.
Contratos menores y empresas beneficiadas
Según los informes de la UCO, el Ayuntamiento de Móstoles adjudicó en el verano de 2016 un total de ocho contratos menores a cinco empresas, sumando casi 350.000 euros, destinados a la remodelación de colegios. En el ámbito deportivo, se han señalado cuatro contratos por un valor de 48.623 euros, otorgados a las empresas Maxport y Gamosport 1977, que compartían local comercial en 2018.
La investigación sugiere que el uso de estas dos compañías tenía como objetivo eludir las restricciones legales sobre la adjudicación de contratos. Además, se ha encontrado que tanto el Ayuntamiento como la empresa pública Móstoles Desarrollo fraccionaron presuntamente decenas de contratos en favor de unas pocas empresas, lo que podría constituir una violación de la ley.
Implicaciones legales y testimonios
Los testimonios de antiguos trabajadores del Ayuntamiento han revelado que el exconcejal de Presidencia, Roberto Sánchez, mantenía relaciones estrechas con los empresarios beneficiados, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en la adjudicación de contratos. Se ha documentado que Sánchez solicitaba presupuestos a empresas vinculadas a estos empresarios, lo que podría indicar un tráfico de influencias.
La UCO ha señalado que muchos de los contratos adjudicados correspondían a trabajos similares, lo que debería haber llevado a una licitación conjunta. Sin embargo, al fraccionar los contratos, los entes públicos pudieron otorgarlos de manera discrecional, evadiendo controles de publicidad y competencia. Este tipo de prácticas no solo socavan la confianza pública, sino que también pueden tener graves consecuencias legales para los implicados.
El futuro de la investigación
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre la posible conexión entre la exalcaldesa Posse y los empresarios involucrados. La UCO ha identificado encuentros sospechosos entre ellos, lo que podría implicar un interés por parte de la exalcaldesa en la adjudicación de contratos. La situación es delicada y podría tener repercusiones significativas en la política local y en la percepción pública del Gobierno municipal.
La investigación continúa, y se espera que se realicen más declaraciones y se recopilen más pruebas en los próximos meses. La ciudadanía de Móstoles está atenta a los desarrollos de este caso, que podría marcar un antes y un después en la gestión pública de la localidad.
