Una mujer que estuvo más de 14 meses en prisión preventiva recibe compensación económica.
Temas cubiertos
La reciente decisión de la Audiencia Nacional ha puesto de relieve la importancia de la indemnización por prisión preventiva en España. En un caso que ha captado la atención mediática, se ha acordado que el Ministerio de Justicia debe abonar 10.000 euros a una mujer que pasó más de 14 meses en prisión preventiva por un delito de tráfico de drogas del que finalmente fue absuelta.
Este fallo, que se basa en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), establece un precedente significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos que sufren injustamente la privación de libertad.
Detalles del caso y la sentencia
La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, estuvo encarcelada desde el 8 de mayo de 2018 hasta el 20 de julio de 2019, bajo la acusación de un delito contra la salud pública.
Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia la absolvió de todos los cargos. La magistrada Lucía Acín, responsable de la sentencia, ha argumentado que la indemnización es un derecho para aquellos que, tras sufrir prisión preventiva, son finalmente absueltos o se les dicta un auto de sobreseimiento libre, siempre que hayan sufrido perjuicios.
Fundamentos de la indemnización
En su resolución, la magistrada Acín destacó que la mujer cumplía con los requisitos para recibir una compensación económica. En el ámbito material, se consideró que su tiempo en prisión preventiva había causado un daño significativo, tanto a nivel personal como familiar. La mujer había estado separada de su hogar y de su familia durante un periodo prolongado, lo que contribuyó a su sufrimiento emocional. Además, se tuvo en cuenta el impacto de vivir en un entorno penitenciario, donde se ve obligada a convivir con personas no elegidas y a seguir una disciplina estricta.
El cálculo de la indemnización
La cantidad de 10.000 euros fue determinada tras evaluar el tiempo efectivo de privación de libertad, que ascendió a 408 días. La magistrada también consideró la naturaleza del delito imputado y aplicó criterios de progresividad en la privación de libertad. Aunque la mujer había solicitado una indemnización mayor, de 65.881 euros, el tribunal decidió que la cantidad fijada era adecuada, estableciendo un valor de 24,5 euros por cada día de prisión preventiva.
Este caso resalta la necesidad de revisar y fortalecer las políticas de indemnización en situaciones de prisión preventiva, donde la justicia debe garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y compensados adecuadamente. La decisión de la Audiencia Nacional no solo representa una victoria para la mujer afectada, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la justicia y la equidad en el sistema penal español.
