El juez Juan Carlos Peinado busca aclarar la contratación de una asesora en La Moncloa.
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Contexto del caso Begoña Gómez
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la dirección del magistrado Juan Carlos Peinado, ha convocado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que declare como testigo el próximo 16 de abril.
Esta citación se enmarca dentro de la investigación relacionada con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa y vinculada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Detalles de la investigación
El juez Peinado ha abierto una pieza separada para esclarecer las funciones que desempeñaba Álvarez, quien está bajo sospecha de haber actuado en actividades privadas de la esposa del presidente, utilizando recursos públicos.
En particular, se investiga su papel en la captación de alumnos para el Máster de Transformación Social y Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid, así como en la recaudación de fondos, evidenciado por correos electrónicos que han sido aportados al sumario.
La declaración de Bolaños
La declaración de Bolaños está programada para llevarse a cabo en su despacho a las diez de la mañana, un formato similar al que se utilizó cuando el presidente Pedro Sánchez fue citado el pasado 30 de julio. Fuentes del Ministerio de la Presidencia han indicado que están a la espera de recibir la citación formal, pero han asegurado que Bolaños responderá a cualquier cuestión que se le plantee en su calidad de testigo.
Implicaciones legales y antecedentes
Este no es el primer encuentro del ministro con la justicia. En 2022, Bolaños fue citado como testigo en la Audiencia Nacional en relación con el presunto espionaje mediante el software Pegasus. En esa ocasión, tanto él como otros ministros optaron por declarar por escrito, a pesar de que el juez prefería una declaración presencial o por videoconferencia para poder realizar preguntas adicionales.
El artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los miembros del Gobierno están exentos de comparecer ante el juez, pero no de declarar, lo que permite que puedan informar por escrito sobre los hechos que conozcan debido a su cargo. Esta normativa ha sido un punto de discusión en el contexto de las declaraciones de los ministros ante la justicia.
