La Guardia Civil presenta nuevamente la grabación clave en el caso de custodia parental.

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Contexto del caso de Aitor Cubo
El caso que involucra a Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, ha tomado un giro significativo en las últimas semanas. La investigación se centra en la presunta manipulación de una grabación relacionada con un menor en un proceso de custodia parental.
Este caso ha captado la atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y la implicación de un alto cargo del Ministerio de Justicia.
Nueva evidencia presentada por la Guardia Civil
Recientemente, la Guardia Civil ha presentado nuevamente una grabación que se había reportado como «perdida» en el juzgado de Madrid.
Esta grabación, que corresponde a un niño de 12 años, es considerada clave para el desarrollo del caso. La jueza instructora había solicitado previamente esta prueba, pero el decanato de Madrid había informado que no estaba disponible. Sin embargo, tras un hallazgo inesperado, la Fiscalía ha insistido en la entrega de la grabación, lo que ha llevado a la jueza a actuar en consecuencia.
Implicaciones legales y testimonios cruciales
La próxima declaración de Aitor Cubo está programada para el 27 de mayo, donde se espera que brinde su versión sobre los hechos. Antes de su declaración, el padre del menor y dos peritos que han analizado la grabación también testificarán. Estos peritos han confirmado que la grabación fue manipulada intencionadamente, lo que añade un nivel de complejidad al caso. La manipulación del audio, que incluye un «ruido rosa», impide escuchar claramente el testimonio del menor, lo que ha generado preocupaciones sobre la integridad del proceso judicial.
Repercusiones en el sistema judicial
Este caso no solo afecta a Aitor Cubo, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión de pruebas en el sistema judicial español. La centralización de la grabación de video y audio en el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Justicia, bajo la supervisión de Cubo, ha sido objeto de críticas. La situación ha llevado a una revisión de los procedimientos y protocolos para garantizar que tales incidentes no se repitan en el futuro. La implicación de funcionarios de alto nivel en este caso ha suscitado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad dentro del sistema judicial.