Las comunidades autónomas reclaman indemnizaciones millonarias tras el escándalo.
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Un escándalo de grandes proporciones
En España, un escándalo de corrupción ha salido a la luz, revelando un cártel que operó durante 18 años en el sector de los pañales para adultos. Este grupo de empresas, que incluye multinacionales de origen sueco y alemán, se confabuló para manipular los precios de un producto cada vez más demandado en una sociedad que envejece rápidamente.
La Justicia ya ha dictado sentencia, condenando a estas empresas a pagar 60 millones de euros por sus prácticas anticompetitivas.
Reclamaciones millonarias de las comunidades autónomas
Tras la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, las comunidades autónomas han comenzado a presentar demandas para recuperar el dinero que han gastado en la compra de pañales para adultos.
Euskadi ha sido la última en unirse a esta ola de reclamaciones, solicitando 220 millones de euros. Cataluña lidera la lista con una reclamación de 526 millones, mientras que otras comunidades como Andalucía y Galicia también han presentado cifras significativas, alcanzando hasta 600 millones y 350 millones de euros, respectivamente.
Impacto en la salud pública y en el mercado
La compra de pañales para adultos ha aumentado considerablemente en los últimos años, con una facturación que alcanzó los 523 millones de euros solo en 2023. Este crecimiento se debe a que aproximadamente 2,5 millones de personas en España utilizan estos productos. Las empresas implicadas en el cártel, como Essity Spain y Laboratorios Hartmann, comercializan algunas de las marcas más populares, como Tena e Indasec. La manipulación de precios ha generado un sobrecosto que ha afectado gravemente a las arcas públicas, lo que ha llevado a las administraciones a exigir compensaciones.
El futuro del sector y las implicaciones legales
A medida que se desarrollan las reclamaciones, se espera que hasta 14 comunidades autónomas se sumen a la demanda contra las empresas condenadas. El monto total de las reclamaciones podría ascender a 2.000 millones de euros, lo que pone de manifiesto la magnitud del daño causado por este cártel. La administración vasca ya ha enviado requerimientos extrajudiciales a las compañías, y algunas han rechazado la indemnización, lo que ha llevado a que se inicien acciones legales. Este escándalo no solo afecta a las empresas involucradas, sino que también plantea serias preguntas sobre la regulación del mercado y la protección del consumidor en España.
