El exministro de Transportes José Luis Ábalos presenta nuevas acusaciones contra la UCO.
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El nuevo escrito de José Luis Ábalos
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo en el que acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de «falta de imparcialidad» y de extralimitarse en sus «filtraciones».
Esta denuncia surge en un contexto de creciente tensión entre el exministro y las autoridades encargadas de la investigación, lo que ha llevado a Ábalos a cuestionar la integridad del proceso judicial que le afecta.
Filtraciones y su impacto en la defensa
En el documento presentado, el abogado de Ábalos señala que el pasado 20 de febrero, coincidiendo con su declaración ante el Supremo, apareció un titular en un medio de comunicación que incluía capturas de pantalla sobre su vida privada. Estas imágenes, según el exministro, estaban en el teléfono de Koldo García Izaguirre, que actualmente se encuentra bajo la custodia de la UCO. Ábalos sostiene que la filtración de esta información no solo es un acto de falta de ética, sino que también refleja un posible sesgo en la investigación, sugiriendo que hay «tintes de inquina y venganza» detrás de estas acciones.
Cuestionamiento de la investigación
Ábalos también ha criticado la inclusión de un inmueble en Perú durante su interrogatorio, argumentando que este tema es irrelevante para las actuaciones actuales. Según su defensa, el hecho de que se le pregunte sobre este inmueble, que no tiene relación directa con su cargo como ministro, es un claro ejemplo de extralimitarse en la investigación. El exministro ha enfatizado que las preguntas deben centrarse en fechas y hechos específicos, y no en aspectos que no guardan relación con el caso que se está tratando.
Intervenciones y derechos de los investigados
La defensa de Ábalos ha solicitado al Tribunal que limite aún más las intervenciones de la UCO, argumentando que la investigación no solo afecta al exministro, sino también a su hijo. Además, ha expresado su preocupación por la indagación en las comunicaciones de otros investigados, incluyendo a figuras políticas como el ministro Ángel Víctor Torres y otros miembros del PSOE. La defensa considera que estas acciones pueden vulnerar los derechos de los implicados, dado que se trata de una investigación que podría considerarse prospectiva y no específica.
