El juez Hurtado sostiene que el fiscal general ha ocultado pruebas clave en su caso.
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La reciente actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha suscitado una ola de controversia tras la revelación de que supuestamente ha borrado pruebas clave relacionadas con una investigación en su contra. Este hecho ha sido objeto de un acta firmada por el letrado del Tribunal Supremo, que detalla la intervención de la Guardia Civil en el despacho del fiscal.
A pesar de que el acta menciona una «total colaboración» por parte de García Ortiz, el juez Ángel Hurtado ha dejado claro que existen serias sospechas sobre la manipulación de pruebas.
Colaboración y sospechas
El acta, a la que ha tenido acceso El Independiente, describe un ambiente cordial durante el registro realizado por los agentes de la Guardia Civil.
Sin embargo, el juez Hurtado ha señalado que, a pesar de la aparente cooperación, el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas cruciales al borrar su teléfono móvil en dos ocasiones. Este acto, que ocurrió el 16 de octubre, coincide con el inicio de una causa en el alto tribunal por un delito de revelación de secretos, lo que añade un nivel de gravedad a la situación.
La evidencia del borrado de pruebas
El juez Hurtado ha sido contundente al afirmar que es «una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas». Esta declaración se produce en respuesta a una solicitud de García Ortiz, quien argumenta que sus derechos han sido vulnerados debido a la filtración de informes relacionados con el volcado de su teléfono. A pesar de que el instructor podría haber desestimado esta petición, decidió incluir observaciones que sugieren que el fiscal general podría enfrentar un proceso judicial, independientemente de la recuperación de los mensajes eliminados.
Implicaciones legales y éticas
El juez ha enfatizado que, aunque el hecho de borrar pruebas no tiene relevancia penal en sí mismo, no se puede pasar por alto su impacto en el desarrollo de la instrucción penal. Hurtado ha indicado que el fiscal general, al no haber mostrado colaboración en el esclarecimiento de los hechos, ha actuado de manera sospechosa. Este comportamiento plantea serias dudas sobre la integridad del proceso judicial y la confianza en la Fiscalía General del Estado.
La situación se complica aún más al considerar que el Tribunal Supremo ha avalado el registro en el despacho de García Ortiz, lo que sugiere que las autoridades están tomando en serio las acusaciones en su contra. La comunidad jurídica y la opinión pública están a la espera de cómo se desarrollarán los acontecimientos en este caso que podría tener repercusiones significativas en el ámbito judicial español.
