Investigación sobre la entrega de informes sin fecha electrónica en la Diputación de Badajoz
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Contexto de la investigación en la Diputación de Badajoz
La reciente investigación en la Diputación de Badajoz ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades en la entrega de documentos oficiales. En particular, se han encontrado ocho informes firmados a mano sobre la actividad laboral de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Este hecho ha suscitado la atención de la jueza Beatriz Biedma, quien dirige el caso en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Lo inusual de estos documentos radica en que, en la administración pública, es común que la documentación esté fechada electrónicamente, lo que añade un nivel de transparencia y trazabilidad a los procesos administrativos.
Detalles sobre la entrega de los informes
Según un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación, Manuel Candalija, ha declarado que los informes fueron depositados en su mesa en una carpeta física el 3 de febrero de 2025, cuando él no se encontraba presente. La entrega de estos documentos fue realizada por Luís Carrero, quien ocupa un puesto en régimen de comisión de servicios en la Diputación y que anteriormente había trabajado en Moncloa. Este detalle ha generado más preguntas sobre la naturaleza de la relación entre Carrero y Sánchez, especialmente tras la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que interceptó correos electrónicos entre ambos.
Implicaciones legales y administrativas
La situación se complica aún más con la dimisión de David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, anunciada el 5 de febrero, solo dos días después de la entrega de los informes. La jueza Biedma ha solicitado un informe al Instituto Armado sobre la creación y adjudicación del puesto de Carrero, así como sobre las relaciones profesionales previas entre él y Sánchez. La Diputación de Badajoz ha defendido la legalidad de la actividad laboral de Sánchez, pero la falta de documentación electrónica plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos administrativos en esta institución.
