La magistrada exige a la Guardia Civil la entrega de pruebas cruciales en un caso de custodia.
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Contexto del caso
La magistrada Susana Trujilano está al frente de una investigación que involucra a un alto cargo del Ministerio de Justicia, Aitor Cubo, quien se encuentra bajo sospecha por un presunto delito de falsificación de documentos públicos. Este caso ha cobrado relevancia tras la denuncia de un padre que descubrió irregularidades en la grabación de la declaración de su hijo menor en un proceso de custodia.
La situación se complica aún más debido a la desaparición de pruebas clave que podrían esclarecer los hechos.
La declaración del menor y la manipulación de la grabación
El menor, que en el momento de los hechos tenía 12 años, fue citado para expresar su preferencia sobre con quién deseaba vivir, si con su madre o su padre.
Sin embargo, al solicitar la grabación de la sesión, el padre se percató de que la parte correspondiente a la declaración de su hijo no se escuchaba. Un laboratorio forense determinó que la grabación había sido manipulada, introduciendo un «ruido rosa» que alteró el audio. Esta manipulación, según el informe pericial, debió realizarse en tiempo real, lo que sugiere una intervención deliberada durante la grabación.
La respuesta de la justicia y la búsqueda de pruebas
Ante la gravedad de la situación, la jueza Trujilano ha solicitado a la Guardia Civil que entregue un soporte digital que contenga la grabación original y otros documentos relacionados con el caso. Sin embargo, el pendrive que contenía la grabación ha sido dado por perdido, lo que ha generado tensiones entre las partes involucradas. La defensa de Cubo ha argumentado que no pudo acceder a la prueba clave, lo que llevó a la suspensión de su declaración. La magistrada ha insistido en la necesidad de que la Guardia Civil aporte la grabación, ya que es fundamental para el desarrollo del proceso judicial.
Implicaciones del caso en el sistema judicial
Este caso pone de relieve las vulnerabilidades en el sistema judicial español, especialmente en lo que respecta a la gestión y conservación de pruebas. La manipulación de grabaciones en un proceso tan delicado como la custodia de un menor plantea serias dudas sobre la integridad del sistema. Además, la relación entre los altos funcionarios del Ministerio de Justicia y el caso en cuestión añade una capa de complejidad que podría tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia las instituciones judiciales.
