La Proposición no de Ley de Sumar desafía la política exterior del Gobierno español.
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La Proposición no de Ley de Sumar
En un contexto de tensiones políticas por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el partido Sumar ha decidido marcar su posición en un tema de gran relevancia internacional: el Sáhara Occidental.
Este miércoles, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley que cuestiona el apoyo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hacia Marruecos. La propuesta busca abordar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, un asunto que ha estado en el centro del debate político durante décadas.
La ocupación del Sáhara Occidental
Durante la rueda de prensa, el diputado de Sumar, Toni Valero, enfatizó que no hay justificación legal ni moral para la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Según Valero, la resolución del Tribunal de La Haya de 1975 deja claro que no existe un vínculo histórico o cultural que respalde esta ocupación. Esta afirmación resuena con las preocupaciones de muchos sobre la legitimidad de las acciones de Marruecos en la región y el impacto que estas tienen sobre el pueblo saharaui.
Presiones internacionales y derechos humanos
La Proposición no de Ley también se presenta en un momento en que se han revelado presiones por parte de España, Francia y la Comisión Europea para modificar sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que afectan los acuerdos pesqueros y agrícolas con Marruecos. Sumar ha instado al Gobierno español a respetar estas decisiones y a suspender las importaciones que no cuenten con el consentimiento del pueblo saharaui. Esta postura refleja un compromiso con los derechos humanos y la autodeterminación del Sáhara Occidental, un tema que ha sido ignorado en muchas ocasiones por las políticas exteriores tradicionales.
El papel de la UE y la necesidad de un cambio
Además, Sumar ha solicitado a la Unión Europea que firme acuerdos con los legítimos representantes del pueblo saharaui, en lugar de continuar con prácticas que perpetúan la ocupación. La propuesta incluye medidas para proteger a las empresas españolas que puedan verse afectadas por la aplicación de la sentencia del TJUE, así como la promoción de legislación que garantice un etiquetado claro del origen de los productos importados. Este enfoque no solo busca reparar el daño causado al pueblo saharaui, sino también fomentar una política exterior más ética y responsable.
