El Consejo General del Poder Judicial examina quejas sobre la divulgación de información privada.
![Investigación sobre filtraciones de datos en el CGPJ](https://www.actualidad.es/wp-content/uploads/2025/02/Filtraciones-de-datos-en-el-CGPJ-67ad00bbb064c-768x525.jpg)
Contexto de la investigación
La Dirección de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado una investigación tras las quejas presentadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su antecesora, Dolores Delgado.
Estas quejas se centran en una posible filtración de datos personales que se produjo a raíz de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual fue difundido a la prensa el pasado lunes.
La situación ha generado preocupación sobre la protección de datos en el ámbito judicial y la responsabilidad de las instituciones encargadas de salvaguardar la privacidad de los ciudadanos.
Detalles de la filtración
El documento que ha suscitado la controversia contenía información sensible, incluyendo la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la dirección de la vivienda de García Ortiz, así como datos privados de su escolta. La divulgación de esta información no solo pone en riesgo la seguridad personal de los involucrados, sino que también plantea serias dudas sobre la gestión de datos en el sistema judicial. El CGPJ ha afirmado que tomará las medidas necesarias para investigar a fondo este incidente y garantizar que se respeten los derechos de protección de datos.
Reacciones y consecuencias
Las quejas de García Ortiz y Delgado han sido recibidas con atención por parte del CGPJ, que ha subrayado la importancia de las funciones de protección de datos en el ámbito jurisdiccional. Isabel Perelló, quien dirige actualmente el órgano, ha enfatizado que las operaciones de tratamiento de datos realizadas por los juzgados y tribunales deben cumplir con las normativas vigentes. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y confidencialidad en la gestión de información sensible dentro del sistema judicial, así como la responsabilidad de las autoridades en la protección de datos personales.