La Fiscalía de Madrid solicita al Tribunal Supremo que asuma la causa contra Alvise Pérez por revelación de secretos oficiales.
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Contexto de la causa contra Alvise Pérez
La situación legal de Alvise Pérez, conocido por su liderazgo en el partido Se Acabó la Fiesta (SALF), ha tomado un giro significativo. La Fiscalía de Madrid ha solicitado que el Tribunal Supremo asuma la causa en su contra por revelación de secretos oficiales.
Esta petición surge tras la difusión de conversaciones privadas en la plataforma Telegram, que estaban relacionadas con la investigación del caso Kitchen, un escándalo que involucraba a altos funcionarios del Gobierno del Partido Popular en la manipulación de pruebas sobre la ‘caja B’ del partido.
Las conversaciones que Pérez compartió incluían información sensible sobre operaciones policiales y datos de confidentes, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional. A pesar de que algunos de estos mensajes contenían información personal, la gravedad de la situación ha llevado a la Fiscalía a actuar con firmeza.
Las implicaciones legales y el aforamiento de Alvise Pérez
El Tribunal Supremo es el único órgano competente para juzgar a Alvise Pérez, dado que obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo, lo que le otorga aforamiento. Esto significa que cualquier acción legal en su contra debe ser tratada por este alto tribunal. La defensa de Pérez ha solicitado el archivo de la causa, argumentando que no se ha demostrado la comisión de un delito. Sin embargo, la Fiscalía ha presentado un escrito solicitando que el juez de instrucción decida si remitir el caso al Supremo o archivar la causa.
La situación se complica aún más con la existencia de múltiples denuncias en su contra, incluyendo una por la presunta financiación ilegal de su partido. Esta investigación ha revelado conexiones con Álvaro Romillo, conocido como ‘Luis Cryptospain’, quien supuestamente le entregó 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña electoral. El juez encargado del caso ha elevado el asunto al Supremo, lo que podría resultar en una imputación formal.
Las manifestaciones y la incitación a desórdenes públicos
Además de las acusaciones de revelación de secretos y financiación ilegal, Alvise Pérez enfrenta una investigación por su posible implicación en desórdenes públicos. Esto se relaciona con las manifestaciones que tuvieron lugar en noviembre de 2023 en Madrid, en respuesta a la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso. La Fiscalía del Supremo ha solicitado investigar a Pérez por mensajes publicados en Telegram que, según se alega, incitaron a la violencia y al desorden público.
Las acusaciones son graves y abarcan desde la incitación a la resistencia contra las fuerzas de seguridad hasta la difusión de información falsa durante la pandemia de Covid-19. La situación de Pérez es un reflejo de la creciente tensión política en España y de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para propagar mensajes que incitan a la violencia y al desorden.
