El músico Nacho Cano denuncia abuso de poder tras su detención en Madrid.
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El trasfondo del conflicto
El reciente enfrentamiento legal entre el músico Nacho Cano y el comisario del distrito centro de Madrid, Alberto Carba, ha captado la atención mediática y pública. Este conflicto se originó tras la detención de Cano el 9 de julio de 2024, un evento que el artista califica como un abuso de poder por parte de la policía.
Cano, conocido por su trayectoria en el mundo de la música, ha decidido emprender acciones legales después de que no se llegara a un acuerdo en el acto de conciliación celebrado recientemente.
Las acusaciones de abuso de poder
Nacho Cano sostiene que durante su detención, así como en el interrogatorio a los estudiantes que trabajaban en su musical ‘Malinche’, se cometieron irregularidades.
Según Cano, la policía no solo actuó de manera desproporcionada, sino que también intentó intimidar a los becarios, quienes se encontraban en una situación vulnerable. En su defensa, Cano ha afirmado que su detención fue parte de una operación orquestada por el gobierno, vinculado a su relación con figuras políticas influyentes en Madrid.
Reacciones y apoyo legal
La defensa de Alberto Carba, representada por el Sindicato Profesional de Policía (SPP), ha calificado las declaraciones de Cano como inaceptables, argumentando que difamar a los mandos policiales es un acto que no debe tolerarse. A pesar de las acusaciones, la jueza ha desimputado a dos agentes involucrados en la detención de Cano, lo que ha generado aún más controversia en torno al caso. Los abogados de Cano han solicitado el sobreseimiento del caso, argumentando que la investigación carece de pruebas sólidas y que se ha prolongado sin justificación.
Implicaciones para el futuro de Cano
Este conflicto no solo afecta la reputación de Nacho Cano, sino que también plantea preguntas sobre la actuación de las fuerzas del orden en situaciones similares. La situación de los becarios, quienes se encontraban en un programa de formación, ha sido objeto de debate, ya que la Inspección de Trabajo determinó que su situación administrativa era legal. A medida que el caso avanza, se espera que más detalles salgan a la luz, lo que podría cambiar la percepción pública sobre la actuación de la policía y la validez de las acusaciones de Cano.
