El magistrado permite el uso de un Audi blindado a Víctor de Aldama, investigado por fraude millonario.
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha tomado una decisión que ha llamado la atención en el ámbito judicial español. En el marco de una investigación por un fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos, ha decidido devolver un Audi blindado al empresario Víctor de Aldama.
Este vehículo fue incautado tras la segunda detención de Aldama en octubre de 2024, y el empresario argumentó que su devolución era de «singular importancia» debido a las medidas de seguridad que ofrece el automóvil.
Contexto del caso y la solicitud de devolución
La providencia emitida por el magistrado, a la que tuvo acceso la agencia EFE, acepta la petición de Aldama, quien solicitó la devolución del vehículo para poder contar con un medio de transporte para sus desplazamientos habituales. El juez, sin embargo, ha recordado que el Audi debe mantenerse a disposición de la causa y en buen estado de conservación. Esta decisión se produce en un contexto donde Aldama es investigado como uno de los principales implicados en el denominado caso Koldo, relacionado con comisiones en contratos de mascarillas.
La importancia del vehículo en la investigación
Aldama argumentó que el Audi es crucial para su seguridad personal, dado que se encuentra blindado. En su solicitud, enfatizó que este vehículo es el único que puede garantizar su protección en la actual situación. El juez Pedraz ha considerado este argumento y ha accedido a la petición, lo que resalta la relevancia que tiene la seguridad personal en el contexto de investigaciones de este tipo. Además, el magistrado ha incluido al PSOE en la investigación, lo que añade un nivel de complejidad al caso.
Implicaciones para la empresa Villafuel
En la misma providencia, el juez también ha accedido a una solicitud de la empresa Villafuel, que está en el centro de la supuesta trama de fraude. Se ha autorizado el pago de las nóminas de los trabajadores correspondientes al mes de enero, lo que indica que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, se están tomando medidas para garantizar el funcionamiento de la empresa y el bienestar de sus empleados. La investigación sigue su curso, y se estima que el fraude podría ascender a 231 millones de euros desde 2021, según los últimos informes policiales.
