La eliminación de mensajes por parte del fiscal general genera dudas sobre su integridad.
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La controversia en torno a la eliminación de mensajes
El reciente escándalo que rodea al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha suscitado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su conducta. La eliminación intencionada de mensajes de su teléfono móvil en dos ocasiones, justo el día en que el Tribunal Supremo inició una causa en su contra, ha levantado sospechas sobre la veracidad de sus explicaciones.
García Ortiz justificó su acción alegando un protocolo de seguridad interno, pero esta afirmación ha sido puesta en duda por diversas fuentes.
Investigaciones en curso y hallazgos de la Guardia Civil
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe al juez del Tribunal Supremo que detalla las comunicaciones entre García Ortiz y sus subordinados.
Este informe revela que el fiscal general borró mensajes el 16 de octubre del año pasado, coincidiendo con la apertura de la causa en su contra. La UCO también ha indicado que no pudo recuperar las copias de seguridad debido a la eliminación deliberada de la cuenta personal de Google asociada a su dispositivo, lo que complica aún más la situación.
Reacciones de sus subordinados y la falta de protocolos claros
Las declaraciones de dos de sus subordinados, el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, y la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, han puesto en entredicho la versión de García Ortiz. Ambos afirmaron desconocer cualquier directriz que justificara la eliminación de mensajes en los móviles oficiales. Esta falta de claridad en los protocolos de seguridad ha generado un clima de desconfianza y ha llevado a cuestionar la gestión del fiscal general en un momento crítico para la institución.
Filtraciones de datos personales y medidas de seguridad
El Ministerio del Interior ha confirmado que se están revisando las medidas de seguridad del fiscal general tras la filtración de datos personales, incluyendo su número de teléfono y dirección. Esta situación ha llevado a García Ortiz a solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe contra la divulgación de su información personal. La exfiscal general, Dolores Delgado, también ha expresado su preocupación por la filtración de sus datos, lo que pone de relieve la gravedad de la situación y la necesidad de proteger la privacidad de los funcionarios públicos.
