El Gobierno español enfrenta críticas por su intento de modificar sentencias sobre el Sáhara Occidental.
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La controversia en torno a los recursos naturales del Sáhara Occidental
Recientemente, el partido Sumar ha presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados que pone en tela de juicio las acciones del Gobierno español respecto a los recursos naturales del Sáhara Occidental.
La diputada Tesh Sidi ha expresado su preocupación por la presión ejercida por el Gobierno español sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para modificar sentencias que declararon nulos los acuerdos de pesca y agrícola entre Bruselas y Rabat.
Estos acuerdos fueron considerados ilegales debido a la explotación de los recursos del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo.
Las preguntas sin respuesta del Gobierno español
La diputada Sidi ha planteado una serie de interrogantes que reflejan la inquietud de muchos sobre la postura del Gobierno español. ¿Por qué se solicita al TJUE que modifique su sentencia histórica sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental? ¿Por qué se hace esto sin informar al Parlamento Europeo? Estas preguntas resaltan la falta de transparencia en el proceso y la aparente contradicción en la política exterior de España, que se muestra solidaria con Palestina mientras ignora los derechos del pueblo saharaui.
La reacción de la comunidad internacional
La presión del Gobierno español, junto con el francés, para modificar las sentencias del TJUE ha sido recibida con críticas tanto a nivel nacional como internacional. La justicia europea ha desestimado los intentos de alterar los fallos, lo que ha generado un clima de desconfianza hacia las intenciones del Gobierno. La falta de información por parte del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre estas gestiones ha alimentado aún más las críticas hacia la opacidad del proceso.
El papel de la Comisión Europea y la defensa de los derechos saharauis
La plataforma liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha cuestionado la falta de comunicación de la Comisión Europea al Parlamento sobre su solicitud de rectificación. Esto ha suscitado dudas sobre el compromiso de España con los derechos del pueblo saharaui. Sumar ha exigido respuestas claras sobre si el Gobierno respalda la acción de la Comisión para impugnar las sentencias del TJUE y cómo planea acatar las decisiones de la justicia europea en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
La condena a la deportación de periodistas
En medio de esta controversia, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado la reciente deportación del periodista Francisco Carrión por parte de Marruecos. Este hecho pone de relieve la difícil situación de la libertad de prensa en la región y la necesidad de que el Gobierno español exija explicaciones al respecto. La defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión son fundamentales en cualquier democracia, y la comunidad internacional observa con atención las acciones del Gobierno español en este contexto.
