La ministra de Juventud e Infancia y el presidente canario acuerdan criterios para el reparto.
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Contexto de la distribución de menores migrantes
La reciente reunión entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha marcado un hito en la gestión de menores migrantes no acompañados.
Este encuentro ha dado lugar a la distribución de 4.500 menores, un paso crucial para aliviar la presión sobre los recursos asistenciales en las islas. La propuesta busca no solo atender a los menores, sino también establecer un marco de colaboración entre las comunidades autónomas que garantice el cumplimiento de los derechos de la infancia.
Criterios para la distribución de menores
Los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de 2022 son fundamentales para la distribución equitativa de los menores. Estos incluyen factores como la población, la renta per cápita, el desempleo y el esfuerzo realizado por cada comunidad autónoma. La ministra Rego ha enfatizado que estos criterios son técnicos y objetivos, lo que permitirá un análisis científico de la situación actual. Este enfoque busca asegurar que cada comunidad asuma una parte justa de la responsabilidad en el acogimiento de los menores migrantes.
Reacciones políticas y desafíos futuros
La propuesta ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras que algunos partidos, como Vox, han expresado su intención de revisar los acuerdos territoriales, el Partido Popular ha manifestado su rechazo a un modelo de reparto que excluya a comunidades como Cataluña y País Vasco. Este desacuerdo pone de manifiesto la complejidad de la situación y la necesidad de un enfoque integral que contemple no solo la distribución de menores, sino también una política migratoria efectiva que aborde las causas del fenómeno migratorio.
Compromiso financiero y futuro del sistema de acogida
La ministra Rego ha subrayado la importancia de dotar de recursos financieros suficientes a esta propuesta. El Gobierno se compromete a establecer un mecanismo de solidaridad entre las instituciones para garantizar que el sistema de acogida funcione adecuadamente. Este compromiso es esencial para asegurar que los derechos de los menores migrantes sean respetados y que se les brinde el apoyo necesario en su proceso de integración.
