El futuro de Álvaro García Ortiz pende de un hilo tras dos importantes audiencias.
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Contexto de la situación actual
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en una encrucijada crítica que podría determinar el rumbo de su carrera en la Fiscalía. En el transcurso de esta semana, se presentará ante el Tribunal Supremo en dos ocasiones, enfrentando acusaciones que ponen en tela de juicio su idoneidad para el cargo.
La primera audiencia, programada para el martes, se centrará en la legalidad de su nombramiento por parte del Gobierno, mientras que la segunda, el miércoles, abordará la grave acusación de revelación de secretos en relación con una investigación que involucra a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Las audiencias en el Tribunal Supremo
La primera cita se llevará a cabo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde se deliberará sobre un recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Esta asociación argumenta que el Gobierno no debió elegir a García Ortiz debido a una condena previa por irregularidades en el ascenso de su antecesora. La composición del tribunal, que incluye a magistrados que ya han emitido juicios sobre su idoneidad, añade una capa de complejidad a la situación. García Ortiz ha intentado recusar a estos magistrados, alegando que su decisión no puede ser objetiva debido a su condena anterior.
Implicaciones de las acusaciones
La segunda audiencia, que se desarrollará en la Sala de lo Penal, es aún más delicada. García Ortiz está acusado de filtrar información confidencial relacionada con la investigación de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, quien enfrenta cargos de fraude fiscal. Las fuentes cercanas a García Ortiz sostienen que estas acusaciones son infundadas y que se trata de un intento de desviar la atención de los verdaderos delitos. Esta semana representa una oportunidad crucial para que García Ortiz presente su versión de los hechos, ya que es la primera vez que tiene la oportunidad de declarar desde que el Tribunal Supremo asumió el caso.
El impacto en la Fiscalía
Independientemente del resultado de estas audiencias, el futuro de la Fiscalía podría verse afectado. Si el nombramiento de García Ortiz es anulado, el proceso penal contra González Amador continuaría, pero la gestión de la investigación podría cambiar. La normativa establece que los funcionarios de alto rango, como el fiscal general, deben ser juzgados en el Tribunal Supremo, lo que complicaría aún más la situación. Además, el Tribunal ha dejado claro en ocasiones anteriores que el mérito y la capacidad deben prevalecer en los nombramientos, lo que podría influir en futuras decisiones sobre la dirección de la Fiscalía.
