La Guardia Civil recupera un ordenador robado en un control fronterizo en Algeciras, vinculado a la abogada de la presidenta de Madrid.
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Un hallazgo significativo en Algeciras
La Guardia Civil ha logrado recuperar un ordenador que había sido robado a una de las abogadas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este hallazgo se produjo en Algeciras, durante un control fronterizo donde los agentes encontraron el material sustraído en una furgoneta, junto a otros objetos robados.
La recuperación del ordenador ha generado un gran interés mediático, dado el perfil de la víctima y la naturaleza del delito.
Detenciones y contexto del robo
Los ocupantes del vehículo, tres ciudadanos marroquíes, fueron detenidos por intentar vender lo robado en Marruecos.
Según fuentes de la investigación, se vincula este suceso a la delincuencia común, lo que sugiere que no había un interés específico en obtener documentación sensible relacionada con la pareja de la presidenta. Este hecho ha llevado a las autoridades a investigar más a fondo la situación de seguridad que rodea a González Amador y su entorno.
Incidentes previos relacionados
Este no es el primer incidente que involucra a la abogada y su pareja. El pasado 10 de enero, la vivienda de Guadalupe Sánchez, abogada de González Amador, fue asaltada mientras ella y su familia estaban fuera. Durante este allanamiento, se sustrajo un ordenador portátil. La letrada presentó una denuncia ante la Guardia Civil, lo que ha llevado a un aumento en la vigilancia y las investigaciones en torno a estos robos.
Además, se han reportado otros dos episodios relacionados con González Amador. A principios de diciembre, el novio de la presidenta encontró su vehículo abierto en su garaje, aunque no faltaba ningún objeto en su interior. Posteriormente, uno de los abogados de González Amador, el fiscalista Carlos Neira, descubrió que su segunda residencia en Toledo había sido objeto de un intento de robo, aunque en este caso no se llevaron ningún equipo informático.
Estos incidentes han suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los asociados a figuras políticas en Madrid, lo que ha llevado a un debate sobre la protección de los mismos y las medidas que deben implementarse para prevenir futuros robos.
