El juez Hurtado solicita información clave sobre el uso de dispositivos móviles en la Fiscalía.
Temas cubiertos
Contexto de la investigación
La investigación sobre el borrado del teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado un nuevo rumbo con las recientes acciones del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Este magistrado busca esclarecer los detalles relacionados con el uso de dispositivos móviles dentro de la Fiscalía, especialmente en lo que respecta a la normativa interna y las prácticas de manejo de información sensible.
Solicitudes del juez Hurtado
En su última actuación, el juez Hurtado ha solicitado a la Fiscalía copia de la normativa sobre el uso de móviles. Además, ha indagado si los dispositivos entregados por García Ortiz fueron formateados y quién llevó a cabo este proceso.
Estas preguntas son cruciales, ya que el fiscal general está imputado por un delito de revelación de secretos, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
Requerimientos adicionales y protección de datos
Hurtado también ha requerido información sobre las ocasiones en las que García Ortiz ha cambiado de móvil, así como detalles sobre los dispositivos que ha utilizado desde el 7 de marzo de 2024. La importancia de estos datos radica en la posibilidad de que el cambio de terminal esté relacionado con la investigación en curso. Además, el juez ha enfatizado la necesidad de identificar a las personas que pudieron haber formateado los dispositivos, así como el software utilizado en el proceso.
Rechazo a citaciones y protección del secreto profesional
A pesar de las diligencias solicitadas por las acusaciones populares, el juez Hurtado ha rechazado citar a altos cargos de La Moncloa en relación con la filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, se ha opuesto a las medidas que implicarían vulnerar el secreto profesional de varios periodistas, subrayando la importancia de proteger las fuentes de información en el ejercicio del periodismo.
Implicaciones del caso
Este caso no solo pone de relieve la importancia de la transparencia en el manejo de información pública, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad y la ética en el uso de dispositivos móviles por parte de funcionarios públicos. La investigación liderada por el juez Hurtado podría sentar un precedente en la forma en que se manejan los datos sensibles dentro de las instituciones gubernamentales.
