El Ministerio de Defensa firma un acuerdo de 1.200 millones para la salud de los soldados.
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Un acuerdo millonario para la salud de los soldados
El Ministerio de Defensa ha adjudicado recientemente un contrato de asistencia sanitaria para los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas, valorado en aproximadamente 1.200 millones de euros. Este acuerdo, que se extenderá por los próximos dos años, ha sido otorgado a las aseguradoras Asisa y Adeslas, quienes han demostrado su capacidad para gestionar la salud de los efectivos militares.
La adjudicación se realizó de manera rápida, con la licitación anunciada el 15 de octubre y resuelta en cuestión de días. A pesar de que solo una asociación presentó un recurso, este fue desestimado por falta de legitimación, lo que permitió que el proceso avanzara sin contratiempos.
El papel del ISFAS en la gestión sanitaria
La asistencia sanitaria a los militares se articula a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que gestiona la seguridad social de los efectivos de los tres ejércitos. Sin embargo, el ISFAS no cuenta con los medios necesarios para proporcionar atención médica directamente, por lo que depende de las aseguradoras para satisfacer las necesidades de salud de sus afiliados.
Según datos recientes, a finales del año pasado, las Fuerzas Armadas contaban con 129.128 efectivos, distribuidos entre tropa, marinería, suboficiales y oficiales. Este amplio número de beneficiarios hace que el acuerdo alcanzado con Asisa y Adeslas sea crucial para garantizar una atención sanitaria adecuada.
Desafíos en la licitación de Muface
A pesar del éxito en la adjudicación del contrato para las Fuerzas Armadas, el Gobierno enfrenta dificultades con la licitación de Muface, la mutualidad de salud para funcionarios. La primera convocatoria, publicada el 8 de octubre, no atrajo ofertas, lo que llevó a prorrogar el plazo para presentar propuestas. Las aseguradoras han mostrado reticencias ante el volumen de mutualistas y las condiciones económicas del contrato.
El Gobierno ha intentado mejorar la oferta inicial, que ascendía a 2.681 millones de euros, pero las aseguradoras han rechazado las condiciones, dejando el concurso desierto. Solo Asisa ha mantenido su interés, mientras que Adeslas y DKV se han retirado, lo que plantea un futuro incierto para la cobertura sanitaria de los funcionarios.
