La Guardia Civil investiga una trama que ha desviado 40.000 toneladas de residuos italianos.
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Una trama criminal al descubierto
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención e investigación de 22 individuos, acusados de varios delitos relacionados con la pertenencia a una organización criminal, así como de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Esta red se dedicaba al «tráfico ilícito» de residuos, específicamente de basura proveniente de Italia, que era trasladada a vertederos en Tarragona y Cuenca con documentación falsa.
El volumen de residuos y el impacto económico
Se estima que desde 2021, alrededor de 40.000 toneladas de basura italiana han sido arrojadas anualmente en vertederos españoles.
Las investigaciones revelaron que los implicados habrían obtenido más de 19 millones de euros durante este tiempo, provenientes de empresas italianas de tratamiento de residuos. Estas empresas, sin conocimiento de la trama, contrataban servicios para deshacerse de sus desperdicios, lo que permitió a los detenidos lucrarse de manera ilícita.
El modus operandi de la organización
La investigación comenzó cuando se detectó la entrada de residuos en España con documentación posiblemente falsificada. A partir de ahí, los agentes identificaron varias empresas interrelacionadas que comerciaban a gran escala con residuos italianos. Localizadas en Cataluña y Castilla-La Mancha, estas entidades recibían camiones cargados de basura que, sin pasar por los tratamientos necesarios, eran enviados directamente a vertederos. Este procedimiento no solo contraviene la legislación vigente en España, sino que también elude los sistemas de control medioambientales establecidos.
Consecuencias legales y medioambientales
La entrada de este tipo de residuos en España es ilegal, ya que corresponde a las autoridades italianas gestionar la basura generada en su territorio. La trama utilizaba una serie de empresas como intermediarias, simulando que los residuos cumplían con los tratamientos necesarios, aunque en realidad nunca se realizaban. Esto permitía que la Agencia de Residuos Catalana expidiese las autorizaciones necesarias, evadiendo cualquier tipo de oposición y control. La Guardia Civil continúa con las investigaciones para desmantelar por completo esta red y asegurar que se respeten las normativas medioambientales.
