La jueza indaga sobre presuntos delitos en la Diputación de Badajoz relacionados con David Sánchez.
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Contexto del caso
La investigación que rodea al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha tomado un giro significativo en los últimos días. La jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, está llevando a cabo un exhaustivo análisis sobre la creación de un puesto de trabajo en la Diputación de la ciudad, que fue adjudicado a Sánchez.
Este puesto, que consistía en la coordinación de los conservatorios de la provincia, dependía de la Oficina de Artes Escénicas, un área que ha suscitado diversas interrogantes sobre su funcionamiento y transparencia.
Declaraciones de los altos cargos de Hacienda
En el marco de la investigación, tres altos funcionarios de Hacienda han declarado que su única participación en todo el año 2024 fue la elaboración del informe fiscal sobre David Sánchez.
Este hecho ha sorprendido a la jueza, quien ha señalado que no es habitual que un grupo de altos cargos se limite a realizar un solo informe en un año. La denuncia inicial, presentada por la organización Manos Limpias, alegaba que el hermano del presidente residía en Portugal para eludir impuestos y poseía un patrimonio considerable, estimado en alrededor de dos millones de euros.
El informe fiscal y sus implicaciones
A pesar de que el informe elaborado por Hacienda indicaba que David Sánchez había cumplido con sus obligaciones fiscales, la falta de firma y membrete ha generado dudas sobre su validez. La jueza Biedma ha solicitado aclaraciones sobre quién fue el responsable de su redacción. Durante las declaraciones, los testigos, incluidos los directores de dos conservatorios, han manifestado que la Diputación les pidió que indicaran las tareas que podría realizar Sánchez, pero mostraron desconocimiento sobre la estructura de la Oficina de Artes Escénicas y la situación actual del hermano del presidente.
Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión de la Diputación de Badajoz, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia en la administración pública. La investigación podría tener repercusiones significativas para el PSOE en Extremadura, especialmente en un momento en que la confianza pública en las instituciones está siendo evaluada. La situación de David Sánchez, quien fue contratado en 2016, añade una capa de complejidad a un caso que ya es objeto de atención mediática y pública.
