El caso de la filtración de datos en la Fiscalía General del Estado sigue en desarrollo.
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Contexto de la investigación
El Tribunal Supremo ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta acción se enmarca dentro de la causa donde se investiga la presunta filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este caso ha generado gran interés mediático y ha puesto en el centro del debate la transparencia y la ética en las instituciones públicas.
Detalles de la solicitud del Tribunal Supremo
Según un auto al que ha tenido acceso El Independiente, el instructor del caso, Ángel Hurtado, ha solicitado a la UCO que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea asociadas a García Ortiz.
Este pedido surge tras el análisis del contenido del teléfono incautado al fiscal, donde se encontraron «0 mensajes». Esta situación contrasta con el informe del teléfono de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, donde sí se hallaron intercambios de mensajes en el periodo crítico del 8 al 14 de marzo, días clave en la investigación.
La controversia sobre la eliminación de mensajes
Fuentes fiscales han indicado que García Ortiz borró personalmente los mensajes de ese periodo, aunque aclaran que no fue un acto deliberado, sino parte de un proceso de borrado cíclico de mensajes que realiza por motivos de protección de datos y seguridad. Este hecho ha suscitado preguntas sobre la gestión de la información y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de datos sensibles.
Las implicaciones de la filtración
Las pesquisas judiciales comenzaron tras una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso, en relación con una nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo. En esta nota se informaba sobre el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, quien estaba investigando presuntos delitos fiscales. El Ministerio Público emitió el comunicado para desmentir lo que consideraba un «bulo». Sin embargo, el Tribunal Supremo, al abrir causa el 16 de octubre, descartó la existencia de un delito en la nota de prensa, ya que la información había sido publicada previamente en otros medios.
Responsabilidad de la Fiscalía
Además, la UCO, en su informe sobre el teléfono de Rodríguez, acusó a la Fiscalía de ser responsable de la filtración a la prensa sobre la existencia de una investigación contra González Amador. Esta noticia fue publicada en eldiario.es el 12 de marzo, lo que añade una capa más de complejidad a la situación. La investigación continúa y se espera que se tomen medidas para garantizar la integridad de los procesos judiciales y la protección de la información sensible.
