El cambio de teléfono del fiscal general genera sospechas en la investigación.
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El cambio de teléfono del fiscal general
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha estado en el centro de una controversia tras cambiar de teléfono una semana después de enterarse de que el Tribunal Supremo lo estaba investigando por la filtración de datos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este cambio de dispositivo, realizado el 23 de octubre, ha levantado sospechas sobre la posible manipulación de pruebas en el marco de la investigación.
Detalles de la investigación de la UCO
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cambio de terminal se produjo justo antes de que los agentes registraran su despacho en busca de mensajes y comunicaciones que pudieran esclarecer la participación de la Fiscalía en el caso.
La UCO ha analizado los números de teléfono e identificadores asociados a los dispositivos incautados durante el registro, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia de las acciones del fiscal general.
Mensajes y correos electrónicos en la mira
Durante la investigación, se encontraron mensajes de García Ortiz en los dispositivos de Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, que también está siendo investigada. En estos mensajes, el fiscal general solicitó información sobre correos electrónicos intercambiados con el abogado de González Amador, lo que sugiere una posible coordinación en la gestión del caso. A pesar de que la UCO no encontró mensajes relevantes en el teléfono de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, la actividad de mensajería en otras fechas ha generado dudas sobre la integridad del proceso.
Reacciones y aclaraciones de la Fiscalía
Ante la confusión generada por informaciones erróneas en los medios, la Fiscalía emitió una nota aclaratoria. En ella, se explicó que la defensa de González Amador había propuesto un pacto con el ministerio fiscal, lo que contrasta con la versión publicada por algunos medios que afirmaban que fue la Fiscalía quien planteó el acuerdo. Esta discrepancia ha alimentado aún más la controversia y la desconfianza en torno a la gestión del caso.
El impacto de la investigación en la política madrileña
La situación actual ha puesto en jaque la credibilidad de la Fiscalía y ha generado un clima de incertidumbre en la política madrileña. La relación entre la Fiscalía y el gobierno regional se ha visto afectada, y la presión sobre García Ortiz para esclarecer su papel en esta investigación es cada vez mayor. La ciudadanía exige transparencia y justicia en un caso que podría tener repercusiones significativas en la política de la Comunidad de Madrid.
