Las investigaciones judiciales que marcarán el inicio del año para el Ejecutivo español.
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El año 2025 se perfila como un periodo crucial para el Gobierno de Pedro Sánchez, marcado por una serie de investigaciones judiciales que podrían poner en jaque su estabilidad. En el centro de estas indagaciones se encuentran tres jueces que, con toga en mano, tienen el poder de decidir el destino de figuras clave del Ejecutivo, incluyendo a Begoña Gómez, esposa del presidente, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los protagonistas del caso Begoña Gómez
Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, es uno de los jueces que ha cobrado protagonismo en este entramado judicial. A sus 70 años, Peinado se encuentra en la recta final de su carrera, lo que le otorga una perspectiva diferente ante las querellas que enfrenta.
La investigación sobre Begoña Gómez ha sido objeto de controversia, ya que ella sostiene que su imputación se debe a su relación con el presidente, lo que ha generado un debate sobre la imparcialidad del proceso.
Ángel Hurtado y su papel en el Tribunal Supremo
Otro de los actores clave es Ángel Hurtado, quien ha sido autorizado a continuar en su puesto hasta los 72 años. Su reciente decisión de permitir una entrada y registro en la Fiscalía ha levantado ampollas en el Gobierno, que ve en sus acciones una amenaza a su estabilidad. Hurtado está investigando al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, lo que ha desatado un intenso debate sobre los límites de la libertad de información y la ética en el ejercicio del periodismo.
Leopoldo Puente y el caso de corrupción más grave
Leopoldo Puente, otro magistrado del Tribunal Supremo, también juega un papel fundamental en este entramado judicial. Su investigación sobre el caso de corrupción que afecta al Ministerio de Transportes podría tener repercusiones significativas para el Gobierno. Las acusaciones de fraude en la compra de mascarillas, que ascienden a 60 millones de euros, han puesto en el punto de mira a varios miembros del Ejecutivo, lo que podría llevar a un tsunami político si se demuestran las irregularidades.
El año 2025 promete ser un periodo de intensa actividad judicial que podría redefinir el panorama político en España. Las decisiones de estos jueces no solo afectarán a los implicados directamente, sino que también tendrán un impacto en la percepción pública del Gobierno y su capacidad para gobernar en un entorno cada vez más complicado.
