La llegada de migrantes a Canarias plantea retos legales y humanitarios urgentes.
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Un aumento alarmante de llegadas de migrantes
En los últimos años, Canarias ha enfrentado un aumento significativo en la llegada de migrantes irregulares. En 2024, se superaron las 46,000 llegadas, marcando un nuevo récord anual. Este incremento del 18% en comparación con el año anterior ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en el archipiélago.
La situación se complica aún más con la llegada de menores migrantes no acompañados, que actualmente suman 5,812, un número histórico en la región.
La responsabilidad del Gobierno y el papel del PP
La dirección del PSOE ha señalado al Partido Popular (PP) como el principal obstáculo para la reforma de la Ley de Extranjería, necesaria para permitir la reubicación obligatoria de estos menores a la Península.
La falta de un acuerdo entre el Gobierno central y el PP ha llevado a una situación de estancamiento, donde los menores migrantes quedan atrapados en un limbo legal. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado que tanto el Gobierno como el PP son cómplices de esta crisis, al no actuar de manera efectiva para abordar el problema.
Propuestas y soluciones en debate
En medio de esta crisis, se han propuesto diversas soluciones. Una de ellas es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría la derivación obligatoria de menores. Sin embargo, el PP ha bloqueado esta iniciativa, lo que ha llevado a Clavijo a buscar alternativas, incluyendo un acuerdo con Junts para la delegación de competencias en inmigración. A pesar de las dificultades, el Gobierno de Canarias sigue buscando soluciones que permitan atender adecuadamente a los menores, quienes necesitan no solo refugio, sino también atención psicológica y educativa.
La voz de los expertos y la sociedad civil
Expertos en derechos humanos han advertido sobre la gravedad de la situación. La falta de recursos y la saturación de los servicios de atención han llevado a condiciones inadecuadas para los menores. Muchos de ellos llegan con traumas significativos y requieren un enfoque integral que garantice sus derechos. La sociedad civil también ha alzado la voz, pidiendo al Gobierno que asuma su responsabilidad y actúe de manera decisiva para resolver esta crisis humanitaria.