La ARMH exige al Gobierno español la devolución de bienes confiscados por la dictadura franquista.
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La demanda de la ARMH por la justicia histórica
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha hecho un llamado contundente al Gobierno español para que devuelva todos los bienes confiscados durante la dictadura franquista.
Este reclamo surge en un contexto donde se han evidenciado «agravios comparativos» entre los bienes incautados a familias y a partidos políticos, como lo demuestra la reciente devolución del palacete de París al Partido Nacionalista Vasco (PNV).
El caso del PNV y la Ley de Memoria Democrática
Recientemente, el Gobierno español devolvió al PNV la titularidad del edificio ubicado en la avenida Marceau, en París, que actualmente alberga el Instituto Cervantes. Este inmueble fue adquirido por el PNV en 1937 y sirvió como sede del Gobierno Vasco en el exilio durante años. La ARMH ha solicitado que se garantice que las familias que sufrieron confiscaciones similares tengan el mismo derecho a recuperar sus bienes, argumentando que no puede haber discriminación entre partidos y ciudadanos.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 establece la restitución de bienes incautados a fuerzas políticas durante la dictadura, pero también reconoce el derecho al resarcimiento por bienes confiscados a individuos por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Emilio Silva, presidente de la ARMH, ha enfatizado que es inaceptable que el Estado cree una discriminación en este ámbito, ya que esto podría interpretarse como la creación de privilegios legales.
El apoyo del PNV y la lucha por la memoria
El PNV ha calificado la reciente decisión del Gobierno como «histórica», destacando que responde a una reivindicación legítima que han planteado durante décadas. Agradecen la labor de muchos militantes que han mantenido viva esta lucha por la memoria histórica. La reciente decisión del Consejo de Ministros, que atribuye la propiedad del inmueble en París al PNV, es un paso significativo en la dirección de la justicia histórica y la reparación de los daños causados por el régimen franquista.
