El Tribunal Supremo exige más pruebas en el caso de revelación de secretos en la Fiscalía.
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Contexto de la investigación
La reciente decisión del juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, de requerir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que continúe indagando en las comunicaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial.
Esta medida se produce tras el descubrimiento de que todos los mensajes del fiscal habían sido borrados, en el marco de una causa por revelación de secretos que fue denunciada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Detalles de la solicitud del juez
El magistrado ha solicitado que se investigue el código del teléfono de García Ortiz para determinar si el dispositivo analizado fue el que utilizó la noche de los hechos o si existen otros dispositivos involucrados. En particular, el juez ha pedido información sobre «números de teléfono e IMS/IMEI asociados de las tarjetas» que se encontraron en los dispositivos durante el registro del despacho del fiscal. Esta información es crucial, ya que el IMSI/IMEI actúa como un identificador único para cada dispositivo móvil, permitiendo a las operadoras rastrear las llamadas y los mensajes enviados desde ese terminal.
Implicaciones legales y reacciones
Fuentes jurídicas indican que esta diligencia podría ser clave para esclarecer si el móvil analizado por la UCO corresponde al que García Ortiz utilizó la noche del 13 de marzo, cuando se filtraron correos internos relacionados con la causa que la Fiscalía sigue contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Además, la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (APIF) ha solicitado la imputación del fiscal general por nuevos delitos, incluyendo el apoderamiento ilícito de información y prevaricación. En un escrito dirigido al Supremo, la asociación ha exigido que se cite a declarar a García Ortiz y que se aporte información sobre los protocolos de borrado de datos en los dispositivos de la Fiscalía.
Investigaciones adicionales en curso
La APIF también ha solicitado que se investiguen las llamadas entrantes y salientes de los móviles de García Ortiz y de su subordinada, Pilar Rodríguez, quien también está bajo investigación. Los abogados de la asociación sostienen que el informe de la UCO sugiere que la filtración de información solo puede haber provenido del fiscal general, lo que añade una capa de complejidad a este caso ya de por sí delicado. La presión sobre la Fiscalía y sus altos mandos aumenta, mientras la opinión pública observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos.
