El Ministerio del Interior acata la suspensión de la oferta de empleo público para 2024
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Contexto de la suspensión
El reciente fallo del Tribunal Supremo ha llevado al Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande Marlaska, a suspender la ejecución de las resoluciones que convocaban procesos selectivos para el ingreso en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.
Esta decisión afecta tanto al acceso por el sistema general de acceso libre como a la promoción interna, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito laboral y administrativo.
Detalles de la resolución
La suspensión se produce tras la solicitud de un funcionario del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, quien interpuso un recurso contra el Real Decreto 656/2024.
Este decreto, aprobado el 2 de julio, establecía un total de 118 plazas vacantes, de las cuales 73 eran para acceso libre y 45 para promoción interna. Sin embargo, el recurrente argumentó que la distribución de las plazas infringía la ley, que estipula que el 60% de las vacantes deben ser reservadas para el turno restringido de funcionarios con la titulación correspondiente.
Implicaciones legales y administrativas
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró que existían fundamentos suficientes para la adopción de la medida cautelar de suspensión. Los magistrados señalaron que la interpretación del artículo 5 de la Ley 36/1977, que regula la ordenación de los cuerpos especiales penitenciarios, es clara y precisa. Según esta ley, el 60% de las vacantes deben ser reservadas para la promoción interna, lo que contradice la oferta inicial de 45 plazas.
Reacciones y futuro del proceso
La decisión del Tribunal Supremo ha sido recibida con diversas reacciones en el ámbito penitenciario. Muchos funcionarios ven esta medida como un paso necesario para garantizar la equidad en el acceso a las plazas. Sin embargo, otros temen que esta suspensión pueda retrasar el proceso de selección y afectar la cobertura de vacantes en un momento crítico. El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, ha firmado la resolución que suspende el proceso, lo que indica que el Ministerio del Interior está dispuesto a acatar la decisión judicial y a revisar la oferta de empleo público en consecuencia.
