El Congreso cierra el año con decisiones cruciales para la justicia y la fiscalidad
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Un cierre de año lleno de negociaciones
El último pleno del Congreso del año estuvo marcado por intensas negociaciones y decisiones cruciales para el futuro del Gobierno. Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, logró salvar una de sus iniciativas más destacadas: el proyecto de ley de eficiencia de la Justicia.
Esta victoria se produjo tras una ardua negociación con Podemos, que había amenazado con tumbar el texto debido a una enmienda que, por error, permitiría acelerar los desahucios.
El paquete fiscal y sus implicaciones
Además de la ley de eficiencia, el paquete fiscal del Gobierno también salió adelante, aunque no sin dificultades.
Este paquete había sido objeto de críticas y resistencia durante su tramitación en la Cámara baja. Finalmente, se aprobó con tres enmiendas adversas, apoyadas por el Partido Popular (PP) y con los votos de PNV y Junts. Esta alianza de partidos de derecha busca derogar el gravamen a las energéticas, lo que podría complicar la aprobación del real decreto ley de prórroga del impuesto, que el Gobierno había prometido a sus socios de izquierda.
Las consecuencias de las negociaciones
Las negociaciones se extendieron hasta los minutos previos a la votación, reflejando la tensión y la importancia de las decisiones a tomar. En cuanto a la ley de eficiencia de la Justicia, el Gobierno ofreció a Podemos deshacer la enmienda que había sido introducida por error por ERC y Bildu, la cual permitiría agilizar los desahucios en caso de okupación. Este cambio se pretende incluir en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que se presentará pronto en las Cortes.
Sin embargo, la marcha atrás del Gobierno podría no contar con el apoyo necesario, ya que la enmienda aprobada fue respaldada por el PNV, lo que añade un nivel de complejidad a la situación. La incertidumbre sobre el futuro de estas leyes y su impacto en la ciudadanía se mantiene, mientras el Gobierno asume que no prolongará el impuesto energético, una decisión que podría tener repercusiones significativas en el ámbito fiscal y social.
