Il Ministerio de Defensa ha annullato l'accordo di formazione con Desokupa.
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Recientemente, el Ministerio de Defensa de España ha tomado una decisión drástica al declarar nulo el acuerdo de formación que la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) había suscrito con la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa. Esta medida ha sido motivada por la falta de legitimidad de la asociación y el objeto del acuerdo, según un informe emitido por la asesoría jurídica del ministerio.
El convenio firmado entre ATME y Desokupa tenía como objetivo proporcionar formación a los miembros de la asociación, con la intención de facilitar su acceso a puestos de trabajo en el ámbito militar. En concreto, se ofrecían descuentos del 50% en los cursos impartidos por Desokupa, además de compromisos por parte de la empresa para ayudar a los soldados a encontrar empleo tras superar las pruebas requeridas.
La decisión del Ministerio de Defensa ha generado un amplio debate en la sociedad española. La ATME ha defendido el acuerdo, argumentando que se enmarca dentro de los “múltiples convenios” que la asociación mantiene con diversas academias de formación. Sin embargo, el ministerio ha dejado claro que, tras estudiar los detalles del convenio, se ha decidido requerir a los firmantes la anulación del mismo. En caso de no cumplir con esta exigencia, se procederá a la impugnación jurisdiccional del acuerdo.
Este incidente no es aislado, ya que se produce en un contexto de controversia en torno a la formación en defensa personal que Desokupa había acordado con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Este acuerdo había suscitado preocupaciones en el Ministerio del Interior, que solicitó un informe a la Abogacía General del Estado para evaluar las posibles implicaciones sobre las subvenciones públicas que recibe el sindicato y la compatibilidad de los agentes que impartirían dicha formación.
La anulación del acuerdo con Desokupa pone de manifiesto la creciente vigilancia del Ministerio de Defensa sobre las asociaciones que buscan establecer convenios de formación con entidades externas. Este tipo de acuerdos, que pueden parecer beneficiosos en un primer momento, requieren una evaluación exhaustiva para garantizar que no comprometan la integridad y la legitimidad de las instituciones militares.
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