El juez Peinado amplía la investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno español.
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El contexto de la investigación
La investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, ha tomado un nuevo giro. El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que indague si Gómez posee más cuentas bancarias de las que inicialmente se habían notificado.
Esta acción se produce tras la recepción de un listado que revela la existencia de 11 cuentas a nombre de Gómez, las cuales, sorprendentemente, solo presentan un saldo total de 40,25 euros. La defensa de Gómez ha calificado esta información como «absolutamente errónea», lo que ha llevado al juez a profundizar en la investigación.
Solicitudes de información a entidades bancarias
En una providencia a la que ha tenido acceso el medio El Independiente, el juez Peinado ha solicitado a diversas entidades bancarias que proporcionen información detallada sobre las cuentas ya analizadas. Esta información debe incluir todos los movimientos y saldos desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 18 de noviembre de 2024. La intención del juez es esclarecer la situación financiera de Gómez y determinar si hay más cuentas que no han sido reportadas. Este tipo de medidas son comunes en investigaciones de esta índole, donde la transparencia financiera es crucial para el desarrollo del caso.
Pagos del Instituto de Empresa a Begoña Gómez
Además de las cuentas bancarias, el juez también ha requerido al Instituto de Empresa que entregue todos los registros de pagos realizados a Begoña Gómez durante su tiempo como responsable del Africa Center, una entidad vinculada al Instituto. Juan Carlos Güemes, quien fue responsable de su contratación, ha declarado en sede judicial que los fondos utilizados para pagar a Gómez eran estrictamente privados. Esta declaración añade una capa más de complejidad al caso, ya que se cuestiona la naturaleza de los fondos y su posible relación con la administración pública.
La situación de Begoña Gómez no solo tiene repercusiones legales, sino que también plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en la política española. La investigación ha generado un gran interés mediático y ha suscitado debates sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y sus familias en el manejo de recursos financieros. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la opinión pública observa con atención, esperando que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas adecuadas si se determina que ha habido irregularidades.
