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La energía nuclear ha sido un pilar fundamental en la economía de diversas localidades en España, especialmente en aquellas que albergan centrales nucleares. Sin embargo, el futuro de estas instalaciones se encuentra en la cuerda floja, ya que el Gobierno ha establecido un calendario de desmantelamiento que podría tener efectos devastadores en las comunidades que dependen de ellas.
En particular, la central de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres, será la primera en cerrar, con su primer reactor apagándose en noviembre de 2027.
Las localidades cercanas a la central de Almaraz, como Serrejón y Romagordo, han vivido durante décadas gracias a la actividad económica generada por la planta.
Con una población que apenas supera los 400 habitantes, estos municipios dependen en gran medida de los empleos directos e indirectos que ofrece la central. Se estima que cerca de 3.000 empleos están en riesgo, lo que podría llevar a un aumento significativo del desempleo y a un empobrecimiento generalizado en la zona.
Ante la inminente clausura de las centrales nucleares, las comunidades afectadas han comenzado a organizarse. La Asociación de Municipios de Centrales Nucleares (AMAC) ha convocado concentraciones para exigir que se reconsidere el calendario de desmantelamiento. Los líderes locales argumentan que el cierre de estas instalaciones no solo afectará la economía, sino que también provocará una pérdida de calidad de vida y un éxodo de población, lo que contribuirá a la despoblación de áreas ya vulnerables.
Mientras España se prepara para cerrar sus centrales nucleares, en otros países europeos se está produciendo un resurgimiento de esta fuente de energía. Francia, por ejemplo, obtiene más del 65% de su energía de la nuclear y está en proceso de ampliar su capacidad. Este contraste ha llevado a muchos a cuestionar si España debería reconsiderar su postura sobre la energía nuclear, especialmente en un contexto donde la transición energética y la descarbonización son temas prioritarios.
El futuro de la energía nuclear en España es incierto y plantea importantes desafíos tanto económicos como sociales. A medida que se acerca la fecha de cierre de las centrales, las comunidades afectadas deben prepararse para un cambio radical en su modo de vida, mientras que el debate sobre la energía nuclear continúa en el ámbito político y social.
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