El PSOE denuncia la divulgación de datos personales del presidente Sánchez por parte de la diputada del PP.
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La polémica filtración de datos confidenciales
El clima político en España se ha visto agitado tras la reciente solicitud del PSOE para que Marta González, diputada del Partido Popular (PP) y vicepresidenta cuarta del Congreso, dimita de su cargo.
Esta petición surge a raíz de la filtración de datos confidenciales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que supuestamente fueron compartidos por González con Rafael Hernando, un destacado miembro del Grupo Popular en el Congreso.
Detalles de la filtración
Según fuentes del PSOE, la diputada González, en su calidad de integrante de la Mesa del Congreso, tuvo acceso a un documento que contenía información personal del presidente. Hernando, tras recibir esta información, habría publicado una fotografía del documento en la red social X, acompañada de datos que el PSOE califica como «falsos». Esta acción ha sido considerada como una violación grave del artículo 16 del Reglamento del Congreso, que prohíbe a los diputados divulgar información que pueda ser considerada secreta.
Implicaciones legales y éticas
La situación plantea serias implicaciones legales y éticas, ya que el PSOE argumenta que tanto González como Hernando han incumplido el deber de confidencialidad estipulado en la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Este incidente no solo afecta la reputación de los implicados, sino que también pone en tela de juicio la integridad del proceso legislativo en el Congreso. Hasta el momento, ni González ni Hernando han emitido declaraciones públicas sobre este asunto, lo que ha generado aún más especulación y debate en el ámbito político.
Reacciones en el ámbito político
La reacción del PSOE ha sido contundente, exigiendo no solo la dimisión de González, sino también una revisión de los protocolos de seguridad y confidencialidad dentro del Congreso. Este incidente ha reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en la política española, y muchos ciudadanos se preguntan hasta qué punto los representantes públicos deben ser responsables de la información que manejan. La situación sigue evolucionando, y se espera que en los próximos días se tomen decisiones que podrían tener un impacto significativo en la política española.
